Acuerdan vecinos ir a mesa con el GDF
Miércoles 29 de febrero de 2012, p. 45
Habitantes del pueblo de Xoco reactivaron su movimiento en contra de la construcción del proyecto inmobiliario Ciudad Progresiva, que se edifica en Mayorazgo 130, en la delegación Benito Juárez.
En calles y domicilios se colocaron mantas en las que denuncian las irregularidades cometidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la delegación Benito Juárez, al avalar la construcción, a pesar de que es contraria a las normas de desarrollo urbano que rigen en la colonia.
Afirmaron que con la argucia de un polígono de actuación
violaron todos los reglamentos elaborados por el mismo Gobierno del Distrito Federal para autorizar el megaproyecto, que afecta severamente al pueblo de Xoco.
Además, de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana, cualquier obra que sea de gran impacto en una comunidad debe ser consultada a la ciudadanía, y para la Ciudad Progresiva no se cumplió con ese requisito.
De acuerdo con la resolución administrativa SMA/DGRA/-DELA/005376/2009, al concluir el proyecto la población de Xoco aumentará de más de 3 mil 500 habitantes a casi 10 mil.
Asimismo, habrá un aumento en el consumo de agua, que según las estimaciones del Plan Maestro en su operación total será de 2 mil 299 metros cúbicos por día, según los considerandos 23 y 24 de la citada resolución, autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal el 5 de agosto de 2009.
Con esos datos, los vecinos argumentan el impacto que traerá la construcción de 858 mil metros cuadrados, seis sótanos de estacionamiento y siete edificios, cinco para uso habitacional, otro para oficinas y el último para servicios hospitalarios.
El número de viviendas que se construirán es de 2 mil 500 y se construirán casi 11 mil cajones para automóviles. Ciudad Progresiva es un conjunto de usos mixtos dividido en habitacional, oficinas y comercios, así como una torre de 60 niveles y un helipuerto.
Durante la asamblea que la noche de ayer realizaron los vecinos, se acordó acudir a una mesa de trabajo con el Gobierno del Distrito Federal, pero sólo para que se les explique por qué se retiraron los sellos de suspensión, cuando persisten los riesgos de daños a su patrimonio.