Guanajuato, Gto., 26 de febrero. En el estado se incrementaron en 27 por ciento las denuncias por tortura contra personal de la Procuraduría de Justicia, informó el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera.

En 2010, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) recibió 18 denuncias por torturas infligidas por policías ministeriales. En 2011 las quejas subieron a 23.

El ombudsman solicitó indagar la muerte de siete guanajuatenses dentro de las cárceles municipales y Centros de Readaptación Social de los municipios de Celaya, San Francisco del Rincón, Valle de Santiago y Uriangato.

En 2010, la PDHEG investigó la muerte de 10 personas detenidas en prisiones estatales y municipales de Valle de Santiago, León, Celaya, Irapuato, Santa Catarina y San Felipe.

En 2011 recibió 471 quejas por ejercicio indebido de la función pública, 246 por lesiones infligidas por policías, 203 por detención arbitraria y 24 por tortura, de las cuales 23 son contra la Procuraduría de Justicia y una contra agentes de Irapuato.

Entre las principales autoridades señaladas como responsables y receptoras de alguna recomendación, en primer lugar se ubica la Dirección de Seguridad Pública, con 197 recomendaciones, y en segundo lugar la Procuraduría General de Justicia, con 119, detalló Rodríguez Junquera.

Crímenes impunes

En enero de 2009, a raíz de la tortura con choques eléctricos que derivó en el homicidio del campesino, Vicente Palomo a manos de policías ministeriales, en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia en el municipio de San Felipe, esta dependencia se comprometió a erradicar esa práctica.

A tres años del asesinato de Vicente Palomo, el crimen sigue impune, pues continúan prófugos el delegado de zona Juan Antonio Peña; el jefe de grupo Francisco Javier Sandoval, y el policía Juan Carlos Durán. Sólo están presos los agentes Daniel Méndez Basaldúa y Jorge Antonio Zavala Rodríguez, los cuales fueron sentenciados a 35 años de cárcel por homicidio calificado.