La Red Mexicana de Trabajo Sexual y la asociación civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez denunciaron que personal de las procuradurías generales de Justicia de los estados de Hidalgo, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Distrito Federal utilizan condones, material educativo y otros insumos para la salud (lubricantes, por ejemplo) para acusar de lenocinio y trata de personas a las trabajadoras sexuales.

En entrevista, el activista Jaime Montejo señaló que la política de criminalización hacia la portación, distribución y venta de condones a trabajadoras sexuales compromete la salud de las mismas y de sus clientes, así como su libertad, pues varias han sido detenidas.

Desde que empezó la guerra contra el crimen organizado –dijo–, es una tendencia fuerte que los jueces utilicen condones e insumos de salud sexual para fincar dichos delitos, según consta en notas periodísticas locales, averiguaciones previas y procesos judiciales, explicó.

Para los activistas, uno de los saldos de este sexenio, además de los más de 50 mil muertos de la guerra contra el crimen organizado, es el impacto que dicha violencia dejará en el avance del VIH/sida y el papel que las procuradurías estatales y General de la República han jugado en ello, afirman en un documento difundido a propósito de los operativos realizados desde enero de este año en Jalisco e Hidalgo.

Los colectivos han documentado numerosas violaciones a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, e incluso de encargados de hoteles y centros nocturnos, en el contexto de redadas que han tenido lugar en diversos estados de la República.

Montejo recordó que en 2008, Brigada Callejera firmó con Jorge Saavedra, entonces director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida), una carta-compromiso (de la cual posee copia este diario) donde se señala que los condones no deben utilizarse para fincar lenocinio y trata de personas ni para probar que alguien se dedica a la prostitución.

Sin embargo –señaló–, autoridades van y vienen y todo queda en acuerdos verbales. Mientras el Código Penal no considere en la definición de lenocinio y trata de personas el excluyente de prueba de los condones y otros insumos para la salud, las procuradurías van a seguir diciéndonos que no hay problema, pero difícilmente firmarán algún documento que lo garantice.

Lamentó que las autoridades de Censida y organismos estatales similares guarden silencio ante dicha situación.

El actual director de Censida (José Antonio Izazola) no ha querido pronunciarse sobre este tema ni escribir una carta-compromiso. (Las autoridades) tienen temor de verse políticamente incorrectos y que se piense que están facilitando la trata de personas, cuando son cosas diferentes, apuntó.