La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dará a conocer, en cuestión de días, su resolución final sobre una demanda que el pueblo yaqui presentó en diciembre de 2010 contra el Estado mexicano, por los obstáculos y abusos que enfrentan para disfrutar cabalmente del territorio y el agua que las leyes nacionales les reconocen.

Antes de recibir la contestación de dicho organismo, los yaquis ya han formulado una propuesta de desarrollo político y económico para la región, que incluso va más allá de los Acuerdos de San Andrés en materia de autonomía, señaló, en entrevista con La Jornada, Ernesto Argüelles Méndez, representante de esta etnia sonorense.

Los yaquis somos el único pueblo indio que no fue sometido a la Ley de Reforma Agraria. A partir de 1940, Lázaro Cárdenas reconoció con un tratado de paz nuestro territorio, gobierno y leyes internas, luego del estado de indefensión en que estuvimos con Porfirio Díaz y Álvaro Obregón, afirmó.

Aunque a dicho grupo indígena se le garantizó una cantidad de agua y territorio suficiente para cubrir sus necesidades, muchos yoris (blancos) se hicieron de grandes propiedades en zonas que no les correspondía ocupar, y desde entonces utilizan parte de los recursos exclusivos de los yaquis.

Un ejemplo de ello, señaló el activista, son los mil 250 millones de metros cúbicos de agua anuales a los que tienen derecho los indios por la explotación del río Yaqui, la mitad del líquido que contiene la presa La Angostura y diversos escurrimientos de las cuencas de la región, pero que en la práctica se reducen a únicamente 250 millones.

De la misma forma, buena parte de las 550 mil hectáreas reconocidas en la ley para la etnia han sido ocupadas por los blancos, que están usurpando el territorio en beneficio de intereses privados, sin pedir ningún tipo de permiso.

Por ello y luego de agotar todos las acciones legales internas para que sus recursos naturales sean respetados, los yaquis decidieron interponer el 31 de diciembre de 2010 una denuncia contra el Estado mexicano ante la CIDH, organismo que le dio admisibilidad a la petición apenas un mes y medio después.

Para sustentar su queja, los yaquis –con la asesoría de diversos académicos de las universidades de Arizona y Nuevo México, entre ellos James Anaya, relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para pueblos indios– analizaron el decreto de Cárdenas e hicieron una reconstrucción histórica de las concesiones que les habían sido otorgadas, para exigir su cumplimiento de manera exacta y rigurosa.

Pese a que se trata de un expediente completo, que también fue presentado en Ginebra a mediados de febrero ante el Comité de Naciones Unidas para la Erradicación de la Discriminación Racial, el gobierno mexicano lo subestimó y lo trató como un asunto menor, acusó Argüelles.

Habrá una resolución de la CIDH en cuestión de días, y esperamos que el fallo sea favorable para nosotros. Mientras, ya tenemos una propuesta política y económica que incluso va más allá de los Acuerdos de San Andrés. Con eso vamos a impulsar nuestro desarrollo, aseveró.