Con 25 votos en favor y dos en contra la legislatura de Aguascalientes aprobó reformas al estatuto jurídico de los trabajadores al servicio del estado, mediante las cuales a un burócrata que sea despedido se le pagará un máximo de seis meses de salarios caídos y no tendrá derecho a la reinstalación; además, ya no se requerirá contar con una acta de investigación para justificar su cese.

Los trabajadores de confian-za no tienen derecho a la estabilidad en el empleo, así como unificar requisitos de nombramientos de trabajadores de base y de confianza, señala el artículo quinto modificado.

Los nuevos estatutos agregan la figura de “la insumisión al arbitraje para permitir que el patrón, en este caso alguna entidad pública, excepcionalmente se niegue a someter sus diferencias ante el tribunal en conflictos en que el trabajador demande la reinstalación por despido injustificado.

De proceder la insumisión al arbitraje, se declarará la terminación del contrato de trabajo mediante el pago de indemnizaciones y responsabilidades que resulten al patrón, sin que sea posible autorizar la reinstalación del trabajador en sus labores, según el artículo modificado.

Gilberto Carlos Ornelas y Héctor Quiroz, de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo fueron los únicos que votaron en contra de las reformas a los artículos siete, 11, 12, 14, 27, 28, 29, 31, 107 y 114 y adiciones de los 14 bis, 28 bis y 31 bis, porque esto es algo que deja en total indefensión al trabajador, explicó el primero.

“Vamos a consultar con especialistas, interponer una acción de inconstitucionalidad, porque nos parece que está incluso por encima de la Ley Federal del Trabajo, porque hay muchas cosas que no deben ser.

Otro punto grave es que actualmente es necesaria un acta de investigación para justificar un cese, y con esta reforma ya no será necesario; es decir, no se tendrá que notificar que hay acta de investigación para despedirlo, dijo.

Michoacán: piden pago obligatorio de pensiones alimentarias

Cristina Portillo Ayala, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa al Código Penal del estado para hacer obligatorio el pago de pensiones alimentarias, pues sólo 33 por ciento de los padres de familia (de más de 129 mil en la entidad), cumple con su responsabilidad.

La perredista propuso crear un registro de deudores alimentarios; una pensión provisional en tanto se lleva el juicio; prisión de tres meses a tres años al que sin motivo deje de pagar; ser más expedito en el proceso civil de aseguramiento de cobro; a quienes desean contraer nupcias de nuevo con otra mujer o cónyuge no lo podrán hacer si no han cumplido con su responsabilidad y en caso de los políticos no podrán contender para un cargo de elección popular si se les comprueba que han violentado esta ley.