a reunión de ministros de finanzas y gerentes de bancos centrales del Grupo de los 20 (G-20) que se desarrolla hasta hoy en esta capital ha estado marcada por las preocupaciones de una posible debacle económica en la Unión Europea (UE) como resultado de las crisis de deuda de algunos de sus integrantes –particularmente Grecia–, y del riesgo que esta situación supondría para la economía mundial.

Ayer, al participar en una mesa de discusión, el secretario del Tesoro estadunidense, Timothy Geithner, saludó el plan de rescate para la nación helénica recién aprobado por la llamada troika europea, dijo que éste evita en lo inmediato una catástrofe mundial, pero advirtió que la UE debe mantener los esfuerzos para establecer un plan más confiable y comprometido. Mucho menos optimista y ambigua resultó la intervención del ex gobernador del Banco de México Guillermo Ortiz, quien se mostró escéptico respecto de que pueda lograrse una coordinación entre las economías del planeta para superar la crisis en la eurozona; dijo que el programa de salvamento griego recién aprobado en el viejo continente estuvo mal diseñado, concebido e instrumentado, y aseguró que se corre el peligro de que el problema de crisis en Europa, que es del tamaño de un mamut, se agrave.

Tales pronunciamientos son indicativos de que el riesgo de una nueva crisis de escala planetaria no puede descartarse; por el contrario, y en la medida en que el clima económico en Grecia no mejore, crecerá el riesgo de una debacle mayúscula de esa economía y de un contagio en toda la zona euro. Semejante escenario podría resultar incluso peor que el que se vivió con la crisis financiera de 2008 y 2009, con gobiernos nacionales mermados en su capacidad de paliar, mediante el gasto público y medidas contracíclicas, los efectos devastadores de una eventual recesión. El panorama, en resumen, vuelve a poner en evidencia la irracionalidad del modelo económico aún vigente en buena parte del mundo, que hace un trienio hizo agua como resultado de su voracidad y contradicciones, y que, a pesar de que debió ser reformado, hoy vuelve a amenazar los precarios equilibrios en que se sustenta la economía mundial y coloca a millones de seres humanos ante el riesgo de una nueva catástrofe social. La evidente incapacidad del G-20 para concretar una reformulación del modelo económico que resulta de obvia sensatez y necesidad ha mermado la confianza en ese foro multinacional: en ese contexto se inscribirían planteamientos como el que realizó ayer David Mulford –a la sazón subdirector internacional del Credit Suisse Group– de que es necesario trasladar las tareas del G-20 en materia de discusión y análisis macroeconómicos a un conjunto más reducido de naciones.

Por otra parte, las adversidades externas obligan a voltear hacia el punto más vulnerable de nuestro país ante un posible desarreglo económico y financiero internacional. Por más que el gobierno federal se vanaglorie recurrentemente de una pretendida solidez de la economía nacional, la realidad es que en los años previos al actual recrudecimiento económico, poco o nada se ha hecho para dotar al país de mecanismos de desarrollo y crecimiento propios, para garantizar una mínima protección de la población, para asegurar una distribución más equitativa de la riqueza, ni para reorientar la economía nacional en un sentido distinto del que dicta el llamado Consenso de Washington.

Es pertinente insisitir en que, en la hora presente y ante los atisbos de más turbulencias económicas, lo peor que puede hacer el gobierno federal es mantener su postura de minimizar los peligros que eso representa para la economía nacional. La desatención gubernamental a las señales enviadas desde los centros del poder político y económico mundial –cuyos representantes se reúnen en estas horas en la ciudad de México– y a las afectaciones ya registradas en la economía real estadunidense y europea, podrían llevar a la nación a un estado de vulnerabilidad económica similar o peor al que se saldó en 2009 con la peor caída del PIB nacional desde que se tiene registro de ese indicador, con la diferencia de que el margen de maniobra y la fortaleza institucional del gobierno en turno, de por sí precarios desde su inicio, se han visto mermados en el transcurso de los últimos tres años, y la reiteración de la insensibilidad que mostró entonces el gobierno federal para comprender y atender los impactos de una crisis económica severa podría, en consecuencia, traducirse en un acto de sabotaje por mano propia.