Las preocupaciones de las cámaras nacionales de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) y de la Transformación (Canacintra), con respecto a que la aprobación de la ley general de cambio climático puede provocar problemas como reducción de empleos, carga presupuestal negativa e incluso puede afectar la competitividad de la industria, no tienen fundamentos, ya que la legislación servirá para promover la creación de empleos en sectores económicos verdes.

Asimismo, podrá mejorar la competitividad de la industria nacional para hacerla más limpia, eficiente y competitiva, por medio de mejores estándares y lograr la transición hacia una economía baja en carbono, promoviendo incentivos económicos y transferencia de tecnologías necesarias para lograrlo, afirmaron diversas organizaciones ambientalistas en un comunicado.

Sabemos que las leyes deben regular las conductas, y en este caso la ley promueve la regulación de actividades que son contaminantes. La industria minera del carbón del estado de Coahuila, que ha expresado su oposición a la aprobación de la ley, no sólo contribuye con las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, sino también destruye extensas áreas naturales, apuntaron.

A lo anterior se suma la mala actuación social y laboral de la industria, la cual ha provocado, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo y de la organización Familia Pasta de Conchos, que en los últimos seis años 132 personas hayan perdido la vida en estas minas de carbón.

Aunque señalan que no es necesario seguir cargando con todos los impactos sociales y ecológicos de la industria minera del carbón sólo por beneficiar a unos cuantos industriales, los colectivos firmantes –entre los que se encuentran Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental– aclaran que la ley no busca terminar con esta actividad, sino regularla para disminuir sus impactos nocivos.