La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emprende una política de criminalización de la pobreza contra quienes no pueden pagar las tarifas que la empresa cobra en algunas entidades, y contra los que se organizan para denunciar esta situación, afirmaron integrantes de la Red Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica.

David Peña, abogado de dicho colectivo, señaló que muestra de ello es la reciente aprehensión de la activista oaxaqueña Lucila Bettina Cruz –quien ya fue liberada el viernes–, lo cual ocurrió de forma casi simultánea a la de Francisco Hernández Ochoa, en Chihuahua, acusado por el mismo supuesto delito de ataque a la distribución de electricidad, lo que pone en evidencia la utilización política de los aparatos de justicia.

Si no pagas, te imputan el cargo de afectación a la riqueza nacional, y si protestas, te acusan de privación ilegal de la libertad. Están criminalizando la pobreza y el descontento, y castigando a quienes se organizan para exigir una tarifa justa. La Procuraduría General de la República tiene una actuación de mano dura contra los activistas y mano blanda contra los verdaderos criminales, deploró en conferencia de prensa.

Destacó el encarcelamiento por 11 meses de Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, en Campeche, en 2009-2010, y el hecho de que si no es por cargos judiciales, la CFE puede demandar a sus opositores por la vía mercantil cuando éstos se niegan a pagar el consumo, y realiza embargos precautorios con el objetivo de intimidar, como ha ocurrido en el municipio de Los Choapas, Veracruz.