Jalapa, Ver., 24 de febrero. El gobierno de Veracruz acreditó con documentos la licitud de los 25 millones de pesos que el 27 de enero fueron decomisados por la Procuraduría General de la República (PGR) a dos empleados de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en el aeropuerto internacional de Toluca, estado de México, informó Iván López Fernández, contralor general del estado.

El funcionario manifestó que una vez comprobada la licitud de los 25 millones de pesos, la Procuraduría General de Justicia del Estado procedió a solicitar formalmente su devolución en un oficio enviado a la titular de la PGR, Marisela Morales, y se espera que la petición sea atendida lo más pronto posible.

Acompañado de Tomás Ruiz González, titular de Sefiplan, y Gerardo Buganza Salmerón, secretario general de Gobierno, López Fernández dijo que la solicitud de la fiscalía estatal está registrada en el oficio PGJ/OP/ 1064/2012, firmado por el procurador Amadeo Flores Espinosa, y la administración estatal confía en que la PGR cumplirá con su deber y responsabilidad legal, además de que dará en breve una respuesta positiva a esta petición.

En conferencia de prensa en las oficinas de la Sefiplan, López Fernández precisó que el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) realizó una auditoría al proceso del retiro y traslado del dinero desde Veracruz hacia el estado de México y determinó “la legalidad plena del origen de los recursos en litigio.

Se confirmó fehacientemente que los recursos son en su totalidad estatales y provienen de la cuenta pública del gobierno de Veracruz, número 65550072542-9 del banco Santander, que es una cuenta concentradora y es la única cuenta del gobierno del estado que se utiliza para disponibilidad en efectivo, detalló.

Abundó que en la cuenta auditada por el Orfis, las disposiciones que corresponden a liquidaciones de proveedores, que por las características de sus prestaciones requieren de pagos directos, representan 0.01 por ciento del presupuesto total de Veracruz, lo que significa que el 99.99 por ciento de las operaciones que se hacen con prestadores de servicios se realizan mediante transferencias electrónicas o cheques.

La nómina total del estado asciende anualmente a 36 mil 260 millones 794 mil pesos, misma que se paga casi en su totalidad mediante transferencias electrónicas, cheques nominativos y una mínima parte en efectivo y el pago de nómina estatal bajo esta modalidad asciende a 2 mil 723 millones de pesos y representa sólo 7 por ciento de lo que por año se ejerce en este rubro.

El pago en efectivo para nóminas proviene de la cuenta referida, y se aplica para salarios de trabajadores que prestan sus servicios en más de dos mil 900 comunidades del estado, que en su mayoría no cuentan con sucursales bancarias, apuntó.

López Fernández enfatizó que el uso de efectivo es un esquema legal usado por los tres niveles de gobierno, y puso como ejemplo los programas sociales federales como el de Oportunidades, que pagan de manera directa a los beneficiarios en diversas regiones del país.