e puede explicar en forma esquemática como los países occidentales mantienen una posición dominante en el sistema multilateral y las relaciones que existen entre grupos informales de poder creados por ellos y el resto de las instituciones internacionales donde están representados todos los estados:

El núcleo central del poder económico-político, promotor de las políticas neoliberales, es el G-7. Este grupo nació en París en 1975 después de las crisis del petróleo de los años 70. Con el derrumbe de la URSS en 1989, el G-7 dio un salto cualitativo y empezó a tratar casi todos los problemas del mundo que antes se discutían en la ONU. En 1995 se crea el G-8 con Rusia para tratar específicamente cuestiones de seguridad (desarme, proliferación nuclear, terrorismo). Con la aparición de nuevas potencias económicas como China, Brasil, India, México, los líderes del primer mundo tuvieron que hacer algunas concesiones e invitar por cooptación al club de los grandes a algunos países emergentes cuidadosamente escogidos por ellos, pero sin voz ni voto en los debates. La crisis de 2008 asustó a los países del G-7 y entonces decidieron crear el G-20 a nivel de jefes de Estado en Pittsburgh, en septiembre de 2009. El G-20 incluye hoy a más de 30 países y organismos internacionales. No hay reglas para incorporar nuevos miembros. El G-20 no toma decisiones sino recomendaciones, siempre por consenso. No tiene sede ni un secretariado permanente. En el G-20 hay debates muy animados, pero el núcleo central occidental jamás pierde la iniciativa o deja que otros grupos de países, como los BRICS, impongan orientaciones diferentes. En los Cabos ni siquiera hubo una declaración final.

Una vez que los miembros del G-7 o G-8 se ponen de acuerdo sobre una cuestión, sus decisiones se imponen al resto de los países a través de las organizaciones internacionales convencionales (por ejemplo la cuestión nuclear con Irán se trata en la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, la lucha contra las drogas en la Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, ONUDC, la seguridad del transporte aéreo en la Organización de la Aviación Civil Internacional, OACI, etcétera) siempre en los términos impuestos por el G-7/8. De hecho ningún país puede oponerse a las iniciativas promovidas por el G-7/8. Inversamente es prácticamente imposible a un país o grupo de ellos proponer una iniciativa que no tenga el respaldo del G-7/8 o va en contra de sus intereses, salvo excepciones cuando China y Rusia expresan sus desacuerdos en el Consejo de Seguridad de la ONU (Irán, Siria).

Las instituciones económicas y financieras (FMI, Banco Mundial) funcionan todavía sobre la base de la repartición de poderes de los años 50, cuando Estados Unidos representaba 40 por ciento del PIB mundial. Grandes cambios se produjeron en la economía mundial en los últimos 20 años, pero las potencias occidentales conservan todo el poder de decisión a través de los derechos de voto que les dan sus cuotas. Las recientes reformas del FMI acordaron un ligero aumento de la representatividad de los BRICS, sin cambiar nada en el fondo: Estados Unidos es el único país con derecho de veto en el FMI. Así que ninguna reforma de largo alcance se puede decidir sin el visto bueno del bloque occidental.

Otras organizaciones, como la OCDE, funcionan como ejecutores de las políticas decididas por el bloque occidental y son al mismo tiempo fabricas de normas jurídicamente no vinculantes (soft law) muy inspiradas de las prácticas anglosajonas. Es el producto del lobbying de muchos grupos de presión que participan informalmente en la elaboración de las reglas del mundo globalizado, sobre todos los temas, economía, educación, salud, corrupción, etcétera.

El Gafi (Grupo de Acción financiera), sin personalidad jurídica ni estatuto oficial, es el organismo encargado de emitir las reglas de lucha contra el lavado de dinero a escala mundial, sobre la base de recomendaciones concebidas para no obstaculizar la circulación libre de los capitales. Los resultados son muy pobres, el sistema financiero acepta de hecho cierta permeabilidad al dinero sucio como efecto colateral de la libertad e instantaneidad de la transacciones financieras .

La OTAN, brazo militar de Occidente, extendió su radio de acción a todo el planeta e incluye ahora de manera muy selectiva la promoción de los derechos humanos durante sus misiones. Procura colocar sus intervenciones en un marco de legalidad internacional (la ONU), como fue el caso en Libia.

En la ONU los miembros permanentes del Consejo de Seguridad buscan consensos para resolver las crisis políticas internacionales, evitando lo más que se puede la utilización del veto. Muchas cuestiones están previamente discutidas en el marco informal del G-8. Las resoluciones de la Asamblea General, donde están presentes los 192 miembros de la organización, expresan la opinión de una mayoría de países pero prácticamente no tienen peso si no tienen el respaldo de los países occidentales. China y Rusia, con su derecho de veto, son los dos únicos países que limitan los planes de occidente, por ejemplo contra Irán y Siria.

Con estos ejemplos, se puede tener una idea del grado de control que conservan los países industrializados en la marcha del mundo. Se resisten al cambio, pero difícilmente podrán mantener esta posición. La escala planetaria de los problemas y las nuevas tecnologías requieren nuevas formas de diálogo entre los países y los actores públicos y privados de la globalización, y nuevos procesos de toma de decisión. El orden mundial unipolar nacido en 1989 con la caída del muro de Berlín con una concentración extrema de poder en el pequeño grupo de las grandes potencias occidentales, no podrá resistir al auge de los grandes países emergentes, China en primer lugar, y al impacto sobre la población mundial de fenómenos como el cambio climático, la crisis alimentaria y energética o la contaminación que anuncian grandes catástrofes humanitarias. Es cuestión de tiempo.

El G-20 puede ser un foro propicio para debates de un nuevo tipo porque representa el 90 por ciento del PIB mundial y el 65 por ciento de la población mundial. Pero tiene que consolidar su representatividad y legitimidad proponiendo una nueva arquitectura institucional más equilibrada.