Buenos Aires, 24 de febrero Dolor e indignación causó hoy el hallazgo del cadáver del joven Lucas Menghini Rey, de 20 años, que estaba desaparecido después del trágico accidente ferroviario del pasado 22 de febrero, aplastado entre el tercero y cuarto vagón y que era buscado por su familia, amigos y vecinos,lo que aumentó a 51 el número de muertes y fue el doloroso corolario de una tragedia vivida como la gota que derramó el vaso sobre el mal funcionamiento de este servicio público.

Otras dos personas que estaban desaparecidas fueron encontradas vivas en hospitales privados a los que fueron llevados por vecinos en el caótico momento que sucedió al choque de una formación del ferrocarril Sarmiento contra una barrera de contención, provocando además de las víctimas fatales, más de 700 heridos.

La justicia ordenó hoy una investigación inmediata de la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).

La tragedia colocó ante una difícil situación al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que se enfrenta a otros temas abiertos en los últimos tiempos, como las rebeliones populares contra la megaminería a cielo abierto, el rechazo a la Ley antiterrorista impuesta por presiones externas, o la provocación de las concesionarias extranjeras de la privatizada (en los años 90) Yacimientos Petrolíferos Fiscales que en las últimas horas impidieron el acceso a una reunión empresarial a los representantes gubernamentales en esa empresa. Además del gobierno nacional.

La Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) acordó exigirle a las petroleras el incremento de la producción en un plazo de dos años, y advirtieron la posibilidad de quitar la concesión de explotación a las que no cumplan los objetivos.

Mientras el accidente ferroviario es dinamitado por los medios opositores para golpear al gobierno, diversos sectores, entre ellos aliados críticos que acompañan a la administración kirchenrista demandan intervenir a las concesionarias privadas, rescindir los contratos o renacionalizar las empresas de servicios públicos.

Bajo el título de Crónica de una tragedia anunciada, el Partido Comunista (PC) aliado crítico del gobierno, emitió un comunicado firmado por su secretario general ,Patricio Etchegaray. donde además de solidarizarse con las víctimas pide una profunda investigación y la inmediata anulación de las concesiones ferroviaras.

Lo sucedido sólo puede caracterizarse como una tragedia anunciada, producto de la crisis estructural del capitalismo argentino y secuela de los años en que el neoliberalismo desguazó los servicios públicos en nuestro país señala el documento advirtiendo que este gobierno permitió que los concesionarios del transporte ferroviario siguieran usufructuando de este negocio violando sistemáticamente todas las normas de seguridad sin que el Estado haya utilizado su facultad de control.

Reclama la falta de reacción frente a la serie de accidentes fatales sucedidos en los últimos tiempos ya que es no es el primer desastre que ocurre como consecuencia de este descontrol, por lo que la Presidenta debería anular inmediatamente las concesiones vigentes, declarar la emergencia ferroviaria y poner en marcha un plan de recuperación del servicio ferroviario en manos del Estado, los usuarios y los trabajadores.

En tanto, la Mesa Nacional de Causa Popular, que forma parte del gobierno considera que ha llegado el momento de revisar la totalidad de las concesiones de servicios públicos otorgados a precio vil por el menemismo (el gobierno de Carlos Menem) a partir de 1999.

En este aspecto demandan que la administración de esos servicios vuelva al conjunto del pueblo argentino, a través del Estado Nacional denunciando la incapacidad, irresponsabilidad y parasitismo de un sector privado, atento tan sólo a sus inmediatos fines de lucro, incapaz de pensar en términos estratégicos y de largo plazo.

Estiman que las concesionarias han dilapidado en su propio provecho los millonarios subsidios otorgados por el Estado para su funcionamiento, desarrollo y planes de inversión.

Considerando que este trágico accidente es la gota que rebalsó el vaso solicitan que tal como se hiciera con Aerolíneas Argentinas, hoy en manos del Estado, Correos, Agua es preciso rescindir las concesiones y renacionalizar las empresas que, en contratos leoninos e inmorales, se entregaron al beneficio privado.

A la vez junto a otros sectores advierten contra el accionar de la “prensa monopólica que hoy se rasga las vestiduras por lo sucedido pero que carece de entidad moral y política para escandalizarse ya que fueron voceros de las privatizaciones y las desnacionalizaciones de las grandes empresas públicas y los más tenaces opositores y críticos a la recuperación.

Se refieren al ataque de estos medios contra la recuperación de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones(AFJP) a Aerolíneas Argentinas y otras empresas y advierten que no son ellos quienes indicarán al pueblo argentino el camino a seguir.

Por su parte ayer la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, aliada y defensora del gobierno de Fernández de Kirchner criticó duramente al ministro de Transporte Juan Pablo Schiavi a quien llamó con un duro epíteto local (pelo….) por la debilidad de sus planteos ante un hecho semejante.

Asimismo la progubernamental Agencia de Prensa de Buenos Aires (AgePeBa) publica un análisis de Sebastián Premici, después de señalar que “el dramático episodio en la estación Once es un punto de inflexión para el gobierno y criticar el regodeo macabro de los medios monopólicos.

Premici menciona las sinrazones de empresas como TBA y recuerda que según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, esta concesionaria había registrado en 1996, dos años después de haber obtenido la concesión, 200 accidentes entre las líneas Sarmiento y Mitre. Al cabo de los primeros diez años de concesión, TBA registraba 879 accidentes por la línea Mitre, con 554 muertos (en distintos tipos de siniestros), mientras que el ramal Sarmiento registraba 1198 accidentes, con 818 muertos.

Pero no sólo esto, sino que millones de personas viajaban en estas líneas en condiciones inhumanas, colgados de las puertas, hacinados, con vagones sin vidrios, como los del ferrocarril Roca, que cubre el olvidado sur del conurbano bonaerense, el más pobre. O el Sarmiento, lo que se agravó ante el aumento poblacional e increíblemente ante el incremento del empleo en los últimos años. Varios incidentes y hasta quemas de trenes, preanunciaban el estallido de una población maltratada y humillada.

El problema del ferrocarril tiene una larga historia. Hay sectores que se opusieron desde un primer momento a la privatización de uno de los servicios públicos esenciales que llegaba a todas las provincias en un país muy extenso e incluso a los países limítrofes.

Se eliminaron líneas de trenes de carga que conectaban con los puertos y las ciudades y esto abarataba el precio de los productos.

Esta privatización menemista- de la que hemos escrito en este periódico en distintas oportunidades- dejó en el interior poblaciones enteras sumidas en la soledad, pueblos fantasmas. En ningún país ha sucedido este desmantelamiento tan brutal dicen los antiguos dirigentes sindicales En varios libros escritos por el antiguo luchador y dirigente gremial, Juan Carlos Cena, como El Ferrocidio cuenta la historia de cómo el ferrocarril que hizo grande al país, luego de la desregulación, desreglamentación y desestatización, que comienza en la década de los 90, se desintegra expulsando a miles de obreros, resquebrajando un sistema de comunicación e interconexión cultural, social, económica y hasta política que existía en el país.

Un vaciamiento que nunca quebró al lucha de los resistentes, muchos de los cuáles perecieron en la extrema pobreza y algunos se suicidaron por el desempleo. Cena ha luchado incasablemente por la recuperación de los ferrocarriles para el Estado y también de los miles de trabajadores y técnicos que están esperando desde hace tiempo regresar a los talleres a sus trabajos hechos con amor, respeto y una enorme responsabilidad humana por los otros.