El gobierno de Veracruz no irá contra la decisión de los pobladores y respetará la decisión de las mayorías sobre la operación de la mina Caballo Blanco, que pretende explotar los yacimientos de oro en los límites de los municipios de Alto Lucero y Actopan, aseguró el mandatario estatal, Javier Duarte de Ochoa.

La declaración se produjo luego del foro de consulta pública que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizó el miércoles en la cabecera municipal de Alto Lucero, en la que los representantes de las empresas Candymin SA y Minera Cardel –subsidiarias de la canadiense Goldgroup Mining Inc– expusieron detalles del proyecto minero, mismo que fue rechazado por pobladores y ambientalistas.

Duarte de Ochoa sostuvo que su administración esperará los resultados del foro, que tendrá que exponer la Semarnat, para fijar una postura oficial, aunque adelantó que una de las banderas principales del gobierno estatal es la defensa del medio ambiente. El pronunciamiento de mi administración siempre ha sido: uno, la legalidad, y dos, nunca ir en contra de la decisión de la gente, agregó.

La posición de Duarte de Ochoa difiere de la de su antecesor, Fidel Herrera, quien dio todas las facilidades a la trasnacional Goldgroup Mining para realizar la exploración de los yacimientos, entre ellos el cambio de uso de suelo y los permisos para abrir caminos hacia los cerros de La Cruz y La Paila, donde se ubica el proyecto. Herrera incluso hizo el anuncio oficial de que en suelo veracruzano hay oro y Veracruz tendría que prepararse para la abundancia.

También en la víspera el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de Veracruz, instancia en la que están representados el gobierno estatal, el Congreso del estado y sectores de la sociedad, entregó a la Semarnat la recomendación sobre el proyecto Caballo Blanco, y en sus conclusiones, avaladas por 64 expertos, tanto independientes como de 10 instituciones académicas, universitarias e investigadoras, plantea que no se apruebe la manifestación de impacto ambiental (MIA) a las empresas mineras.

Los investigadores Hipólito Rodríguez y Guillermo Rodríguez, de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental pidieron al gobierno estatal convocar a un plebiscito sobre la concesión de los permisos locales al proyecto minero.