Guadalajara, Jal., 23 de febrero. Cinco funcionarios del gobierno estatal se incorporaron de tiempo completo a la precampaña del candidato del PAN al gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, pero siguieron cobrando sus sueldos hasta de 40 mil pesos mensuales con cargo al erario, según información otorgada por el Instituto de Transparencia e Información Pública en Jalisco (ITIPJ) a la asociación Conciencia Civica.

Para dicha agrupación, lo anterior constituye abuso de autoridad y desvío de recursos, por lo que su dirigente, Salvador Cosío Gaona, interpuso una denuncia penal ante el Instituto Federal Electoral (IFE), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría del estado, en contra del aspirante.

Dijo que la información proporcionada por el ITIPJ les permitió conocer que Luis Ramírez de la Torre, Arturo Miguel Esqueda Román, Leopoldo González, Hilda López y Elizabeth Ortega siguieron percibiendo sus sueldos pese a que trabajan de tiempo completo para Guzmán Pérez Peláez, quien renunció como titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) el 7 de diciembre

Puso el ejemplo de Ramírez de la Torre, coordinador de Vinculación Social de la SGG e hijo del presidente del Banco Diocesano de Alimentos, cuyo pago más reciente, correspondiente a la primera quincena de enero, fue el día 20 de ese mismo mes.

En tanto, Esqueda Román, pese a estar adscrito a la Secretaría de Salud como director de Proyectos de Salud, con un sueldo de 41 mil pesos, todo el tiempo fungió como encargado de giras de Fernando Guzmán Pérez Peláez, cuya precampaña concluyó a finales de enero.

El descaro fue completo de parte de Guzmán Pérez Peláez, pues durante su precampaña utilizó recursos públicos, vehículos oficiales, aparatos de comunicación, choferes, guaruras, además del personal administrativo ya señalado, acusó Cosío Gaona.

Conciencia Cívica también presentó una denuncia de juicio político en contra del secretario de Desarrollo Rural de Jalisco, Álvaro García Chávez, quien a principios de semana reconoció ante legisladores locales que prestó maquinaria de la dependencia en beneficio de su familia, además de que no entregó recursos federales etiquetados para apoyo a productores.

Mauricio Ferrer Corresponsal

Guadalajara, Jal., 23 de febrero. La Comisión de Vigilancia en el Congreso local ratificó que en la cuenta pública 2009 del Poder Legislativo hubo irregularidades por 280 millones 667 mil 198 pesos con 78 centavos, según las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).

Si el dictamen aprobado hoy por la Comisión de Vigilancia corre la misma suerte en el pleno del Congreso local que en la ASEJ –que fincó responsabilidades a quienes fueron integrantes de la Comisión de Administración en la 58 Legislatura–, los priístas Jorge Arana Arana y Jorge Villanueva, la panista Norma Angélica Aguirre, el perredista Samuel Romero Valle, el verde ecologista Luis Manuel Velez Fregoso, el petista Alfredo Zárate y los de Nueva Alianza Lorenzo Moccia y José Guadalupe Madera Godoy tendrán que solventar las irregularidades pagando cerca de 35 millones de pesos cada uno.

Entre las anomalías encontradas destacan 74.3 millones de pólizas sin comprobantes; 35.2 millones de pólizas que no coinciden con reportes contables; 32.1 millones de pesos correspondientes a sueldos de personal y 22 millones de pesos en honorarios, entre otras.

Todos los involucrados no entregaron documentos que comprobaran dichos gastos, aseguró el priísta Salvador Barajas del Toro, presidente de la Comisión de Vigilancia de la actual legislatura.

Cada uno de los diputados integrantes de esta Comisión de Administración tendría que dar un seguimiento a todos aquellos diputados o funcionarios que pudieran estar involucrados para que reintegren estos recursos, pero los responsables ante la Auditoría y ante el Congreso son quienes integraban la Comisión de Administración, expresó Barajas del Toro.

Explicó que los ex diputados tienen aún dos recursos: acudir ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado para impugnar los cargos o, según marca la Ley de Fiscalización estatal, que el pleno del Congreso local regrese a la Auditoría del Estado el dictamen de las irregularidades, pero sólo si existieran elementos que sustenten los gastos.

Salvador Barajas destacó que es la primera vez en la historia del Congreso local que los diputados sancionan a sus antecesores, y aseguró que la secretaria general de la legislatura estatal notificó de ello a los ex diputados.

Esto está del carajo, yo no puedo dar una respuesta sin saber de qué se trata. Yo no he tenido ningún conocimiento oficial; en lo personal, nadie me ha convocado de manera oficial, expresó Jorge Arana Arana ayer.

Yo no sé lo que diga la secretaría general, la Comisión de Vigilancia o Salvador Barajas; nunca he sido requerido para información ni para aclaraciones, agregó Arana, precandidato del PRI a la alcaldía de Tonalá.