En el foro de Análisis y Reflexión sobre la Reforma al Artículo 24 Constitucional, efectuado en el Senado, expertos en el tema religioso, pastores y la senadora María de los Ángeles Moreno coincidieron en afirmar que esa instancia legislativa debe frenar el cambio a la Carta Magna, porque se trata de un intento de la jerarquía de la Iglesia católica de recuperar el poder. El verdadero propósito, sostuvieron, es el desmantelamiento del Estado laico.

Durante su intervención, la senadora Moreno manifestó su preocupación por esta reforma que aprobó la Cámara de Diputados, porque, dijo, se hizo de prisa, a toda velocidad y a espaldas de los legisladores, y ahora se pretende que se apruebe en el Senado antes de la visita del papa Benedicto XVI, lo cual nos parece absolutamente una invasión que pretende obligarnos a todos, incluso a los legisladores a presentar en charola de plata una mayor apertura, que suena muy bonito, pero que en realidad trae otros fines.

Polarización social

Los expertos y académicos Felipe Gaytán Alcalá, Omar Olvera de Luna, el historiador José Alfonso Suárez, Rigoberto Mata y el pastor de la iglesia la Luz del Mundo, Eliezer Gutiérrez Avelar, manifestaron que esta reforma está provocando una polarización en la sociedad y puede generar conflictos, como los que ya se vivieron en una época, con el episodio de los cristeros.

Destacaron en sus intervenciones que se trata de una intromisión del Estado vaticano en el mexicano, es un atentado a la soberanía nacional, y lejos de ampliar libertades y homologar la Constitución con los tratados internacionales, como lo han difundido los representantes del clero mexicano, lo que pretenden es introducir su evangelización dogmática dentro de la esfera pública, reformando subsecuentemente con ello los artículos 3, 5, 27 y 130 constitucionales, así como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Denunciaron que en realidad la jerarquía católica lo que quiere es educación católica en las escuelas públicas, medios masivos de comunicación, nuncios apostólicos en capellanías militares, subvencionados por partidas gubernamentales, violentando flagrantemente la paz pública, la laicidad del Estado mexicano y la sana separación que debe de prevalecer entre el Estado y las iglesias.