El presidente del Congreso del Estado de Baja California, Jorge Lozano Pérez, presentó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados una propuesta con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para exigir a la procuradora general de la República, Marisela Morales, que ordene el inicio inmediato de una investigación por presuntos nexos con el crimen organizado y actividades ilícitas en que habrían incurrido los ex gobernadores panistas Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy Walther.

En el caso de Ruffo Appel, quien llegó al poder del estado con un promedio de tres secuestros al año, delito que se disparó en forma exponencial durante su administración, el Congreso estatal documentó que entregó credenciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado a miembros del crimen organizado y encubrió a su hermano Claudio cuando disparó un arma de fuego contra un conocido empresario de la radio.

También le atribuye el cobro de medio millón de dólares a un empresario mexicano por un contrato de producción de placas para vehículos; la producción de 2 millones de credenciales de elector estatales a un costo de 14 dólares cada una, cuando el IFE erogó 7 pesos, así como el cobro ilegal de 6 por ciento de comisión por dichos trabajos, lo que representó unos 18 millones de dólares.

En cuanto a Eugenio Elorduy, señala que desde que fue secretario de Finanzas de Ernesto Ruffo y después gobernador realizó autocompras a su agencia de automóviles Ford; dice que su ex secretario de Seguridad Pública Jorge Carmona Añorve está recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez por tráfico de drogas, y que autorizó la edificación de la planta de Sempra Energy y dos reconductoras de energía eléctrica al margen de la ley.