La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso del asesinato de 44 reos y la fuga de otros 30 del penal de Apodaca, Nuevo León, ocurridos el pasado domingo 19 de febrero, e inició una investigación al respecto.

Por medio de un comunicado, el organismo encabezado por Raúl Plascencia Villanueva informó que, ejerciendo la facultad que tiene de analizar violaciones graves a los derechos humanos –antes prerrogativa única de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, comenzará una indagatoria sobre lo ocurrido en Apodaca, por el alcance nacional e internacional del asunto.

Personal de la CNDH ya se trasladó a ese municipio de Nuevo León para iniciar sus pesquisas y anunció que estará pendiente de las que realicen las autoridades locales, para después emitir una recomendación.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) se sumó al llamado que han hecho diversas organizaciones de México y el extranjero para que las autoridades mexicanas realicen una investigación exhaustiva e imparcial sobre lo ocurrido en Apodaca y también en el penal de Topo Chico, donde el pasado martes fueron asesinados tres internos más.

Luego de deplorar las muertes de los reos, el colectivo de derechos humanos con sede en Londres recordó que el 4 de enero de este año fueron asesinadas 31 personas en la cárcel de Altamira, Tamaulipas, y subrayó que es esencial que la investigación esclarezca la verdad sobre lo ocurrido, asegure el derecho de los familiares a la justicia y señale a los responsables, incluidas las propias autoridades penitenciarias.

El gobierno mexicano, insistió AI, tiene la obligación de garantizar que las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios mantengan un adecuado nivel de seguridad y respeto a la integridad de los reclusos, de conformidad con los estándares internacionales en la materia.

En el mismo tenor, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por lo ocurrido en Apodaca, y llamó al Estado mexicano a adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares y para investigar y sancionar a los responsables.

Como garantes de los derechos de los internos, los gobiernos tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles y no pueden de ninguna manera renunciar a este deber inherente, recalcó la entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos.

Por su parte, el senador priísta Francisco Labastida Ochoa advirtió que la crisis que vive el sistema penitenciario nacional es responsabilidad de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes han provocado su quiebra financiera por descuido y por decisiones erróneas, como la de enviar a integrantes del crimen organizado a reclusorios locales, en lugar de a penales de alta seguridad.

Expuso que la falta de un plan penitenciario es tan evidente, que los panistas tardaron 10 años en poner en funcionamiento algunas cárceles concluidas cuando el propio Labastida fue secretario de Gobernación. Además, agregó, se ha permitido la corrupción en las prisiones, donde se encuentran armas de alto poder y suites con todos lo servicios.

A su vez, la académica Elena Azaola dijo que lo ocurrido revela el enorme desatino con el que se manejan los penales en México, donde privan abusos tanto para los reos como para los custodios, por lo que se debe invertir en la dignificación y reorganización de estos centros.