El juez rector del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo Soto, se reunió la tarde de ayer con representantes de Med Atlántica y de Union Swiss, quienes le solicitaron 24 horas para documentar la existencia de los fondos suficientes para la capitalización de la aerolínea, por lo que el impartidor de justicia los volvió a citar para este jueves, revelaron fuentes judiciales.

Por el momento, según los funcionarios del Poder Judicial federal consultados, el proceso mercantil continúa suspendido de manera indefinida.

El siguiente paso, de acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), es que el juez Soto solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre la existencia y legal procedencia de los 300 millones de dólares que supuestamente ha garantizado Med Atlántica para la capitalización de Mexicana.

Esa ley faculta a la CNBV para ordenar a bancos romper el secreto bancario cuando así lo requiera una investigación judicial.

Previo a su reunión privada con los inversionistas, el juzgador explicó en entrevista que si Med Atlántica no cumple con los requisitos, hay otro grupo, Union Swiss, que está levantando la mano; dice que cuenta con el fideicomiso donde ya está el dinero; vamos a ver, declaró.

De acuerdo con el propio juez Consuelo, hasta el momento dicho grupo no ha podido acreditar los 300 millones de dólares ni la procedencia de los recursos, los cuales son necesarios para avanzar en el proceso de restructura, como solicita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El mismo juez ha dicho que existen otros inversionistas interesados en el rescate de Mexicana, como Iván Barona, con quien se reunió en días pasados, y Union Swiss.

También ha comentado que de no entrar inmediatamente cualquiera de estos grupos, será necesario decretar la quiebra de la aerolínea, que suspendió operaciones el 28 de agosto de 2010 y que entró a concurso mercantil el 6 de septiembre del mismo año.

En el caso del concurso mercantil de Mexicana, Felipe Consuelo Soto ha tomado decisiones que han causado polémica. El 10 de noviembre emitió un discutido acuerdo en el que acusó al gobierno de intimidar a potenciales inversionistas interesados en rescatar a Mexicana.

Ese mismo mes exigió a la SCT y al Gobierno del Distrito Federal explicaciones por violar los derechos humanos de pilotos que fueron desalojados de un bloqueo en el Eje Central.

El pasado 9 de febrero decretó el aplazamiento indefinido del proceso.