esde el fin de semana pasado, en Valencia, la Policía Nacional de España ha venido reprimiendo con violencia inusitada a los estudiantes que protestan contra los recortes a los presupuestos educativos emprendidos por el gobierno derechista que encabeza Mariano Rajoy, quien busca de esa manera satisfacer las exigencias de la Unión Europea y de los organismos financieros internacionales antes que cubrir las necesidades sociales y garantizar derechos fundamentales.

En sus intentos por desalojar a los inconformes –padres de familia, profesores, alumnos y parlamentarios– de las calles y de varios centros de enseñanza, las fuerzas del orden lesionaron a decenas de personas, arrestaron sin justificación a estudiantes menores de edad, zarandearon a periodistas y desataron persecuciones judiciales con base en cargos que, según han demostrado en varios casos grabaciones de video, son inventados. Lo que muestran los videos, en cambio, es que con frecuencia los elementos antidisturbios la han emprendido a golpes contra personas que no cometieron más falta que encontrarse en los sitios en los que se desarrollaron las cargas policiales. Una expresión que ilustra la actitud encarnizada de la policía manifestantes es la que empleó el jefe policial Antonio Moreno, quien se refirió a los manifestantes como el enemigo. Para mayor exasperación ciudadana, ese funcionario describió la actuación de la policía como una respuesta comedida y mesurada a supuestas acometidas físicas de los movilizados en defensa de la educación.

Por supuesto, la brutalidad policial, a la que varias voces en los medios españoles comparan con las cargas de los grises –como se llamaba a la fuerza antidisturbios de la dictadura franquista, en referencia al color de su uniforme–, ha exponenciado el descontento inicial, y ahora los manifestantes no sólo exigen que se deponga la determinación de recortar el presupuesto educativo, sino demandan, además, la remoción de la delegada en la Comunidad Valenciana del gobierno de Madrid, Paula Sánchez de León.

Es preciso no perder de vista que la brutalidad policial desatada por el régimen de Rajoy es sólo el más reciente episodio de una saga de violencia no necesariamente física del gobierno contra la población. En efecto, la clase política de Madrid decidió trasladar los costos de la crisis en la que se encuentra sumido el país a la población en general, la cual ha debido enfrentar el aumento del desempleo, la reducción de su nivel de vida y la pérdida o la contracción de servicios educativos, de salud, vivienda y otros.

Si el gobierno del Partido Socialista Obrero Español claudicó a su plataforma política, que prometía la promoción y la defensa del estado de bienestar, su sucesión en La Moncloa, a cargo del Partido Popular de Rajoy y de José María Aznar, hace frente al malestar popular resultante mediante la fuerza bruta policial y deja entrever, desde el inicio, las tendencias autoritarias que justifican que se describa a esa organización política como posfranquista, no sólo porque fue fundada principalmente por ex funcionarios de la dictadura, como el recientemente fallecido Manuel Fraga, sino también por una herencia ideológica inocultable.

En suma, España ha sido colocada por sus gobernantes anteriores y actuales ante la posibilidad de una escalada de explosiones sociales, andanadas represivas y desesperanza como la que tiene lugar en Grecia. Si el escenario helénico llega a repetirse en tierras españolas, Rajoy y su equipo no podrán argumentar que ignoraban la perspectiva.