Son personas extraviadas, privadas ilegalmente de su libertad, pero para el Estado esos casos nunca serán desapariciones forzadas, a pesar de que México ha firmado tratados internacionales que le exigen reconocer este delito sin prescripción. Sólo ocho de las 32 entidades han tipificado este crimen, considerado de lesa humanidad.

Gustavo Castañeda padece este hoyo negro de la justicia mexicana en carne propia. El 25 de febrero de 2009 elementos de la policía regia secuestraron a su hijo Gustavo Castañeda Fuentes, de 27 años de edad, junto a su amigo Melchor Flores Hernández, de 29, conocido como El Vaquero Galáctico, y al jefe de ambos, Andrés Batres Sánchez, de 54 años, ex judicial federal. Fue en la colonia Obispado en Monterrey, Nuevo León.

Gustavo sabe que a su hijo se lo llevaron a las 13:18 horas porque estaba hablando con él por teléfono e incluso un testigo vio cómo los policías captores se desplazaban en las patrullas 534, 538 y 540. De nada ha servido; el Estado no le ha permitido el acceso a la justicia, ni mucho menos la reparación del daño.

Desde un principio supimos quiénes fueron los policías culpables, pero la Procuraduría de Justicia nos trajo a la vuelta y vuelta y nunca hizo nada. Los protegieron. Finalmente detuvieron a unos, pero no los acusaron ni siquiera del delito de secuestro, por tanto, no cometieron ningún crimen. ¿Cómo es posible? Son servidores públicos, el problema es que no los pueden llamar a cuentas porque en Nuevo León no existe el delito de desaparición forzada. Y el crimen sigue en la impunidad.

Mil casos sólo en Nuevo León

Gustavo está afuera del Congreso local y lo acompañan decenas de familiares de desaparecidos. Según la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, más de mil personas han desaparecido en el estado, y de éstos casos, 30 por ciento de los delitos fueron cometidos por fuerzas del Estado: Ejército, Marina, policías federales, estatales y municipales.

Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, iniciada por Felipe Calderón, alrededor de 15 mil personas permanecen desaparecidas en México, según datos de organizaciones no gubernamentales, que incluso elevan a 30 mil la cifra, aunque el verdadero número es difícil de determinar, ya que muchos prefieren no denunciar por amenazas de muerte, y el gobierno no ofrece números reales. A eso hay que agregar los 60 mil migrantes desaparecidos a su paso por México rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con datos del Movimiento Migrantes Mesoamericanos.

Las dimensiones del fenómeno de las desapariciones forzadas son mayúsculas, según datos de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, integrada por organizaciones no gubernamentales de todo el país, que en su último informe, presentado ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas, señalan que el programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha quedado rebasado y resulta ineficiente para erradicar e incluso disminuir este delito que se ha incrementado exponencialmente en todo el país y requiere de la atención del Estado.

Existe la urgencia de que se armonice el marco normativo federal y local conforme a los estándares internacionales, incluyendo la tipificación y sanción del delito en las 24 entidades federativas que aún no lo contemplan, así como la modificación del juicio de amparo para que las personas cuenten con un mecanismo de protección efectivo contra las desapariciones forzadas.

Sin embargo, Felipe Calderón rechazó hace unos meses crear una comisión de la verdad para investigar los crímenes de Estado porque, dijo, México no es Bosnia ni una dictadura.

Gustavo Castañeda se ha enfrentado al aparato del Estado protector de los servidores públicos que cometen el delito de desaparición forzada. Durante los pasados dos años ha sostenido reuniones con el procurador de Nuevo León. “Él nos decía que en el estado no había desapariciones forzadas, mucho menos levantones. Y nos empezamos a plantar en la plaza frente al palacio de gobierno para exigir el reconocimiento de este delito. Poco a poco se fueron juntando decenas de personas con familiares desaparecidos. Nos decían que en Nuevo León no había desaparecidos, y mire, resultó que hay demasiados, más de mil personas.”

Cuando acudieron a la Procuraduría de Justicia para denunciar a los elementos de la policía regia por la desaparición de su hijo, su amigo y su jefe, se llevaron una sorpresa: “El Ministerio Público nos amenazó. Nos dijo que si seguíamos exigiendo la tipificación del delito habría más muertos; nos dijo que no firmáramos la denuncia porque los malos se iban a enterar, porque a ellos se les filtraba toda la información. Recuerdo que al final me insistió: ‘usted sabe si firma, pero habrá más víctimas’. Claro, son los mismos”.

Gustavo salió de la oficina desolado, pero empezó una nueva vida de lucha para exigir justicia. Su hijo trabajaba en Multimedios y El Vaquero Galáctico en Televisa; ambos acababan de empezar en la empresa de Batres Sánchez como programadores analistas.

“Estaban en la oficina. El Vaquero había ido a comprar tortillas y no regresó; entonces mi hijo dijo que iba a buscarlo y a comprar, de paso, unas papitas. Primeramente había salido Andrés Batres Sánchez, y un testigo vio cómo llegaron las patrullas de la policía regia y se los llevaron a los tres.”

Gustavo ha iniciado una batalla con otros familiares desaparecidos para que el Congreso de Nuevo León tipifique el delito de desaparición forzada. Todos se han enfrentado a la burocracia y a los engaños de diputados, como César Garza, del PRI.

Son conveniencias del PRI. Nos dicen que es el gobernador priísta Rodrigo Medina quien no quiere que se tipifique el delito de desaparición forzada. Hay muchos funcionarios y policías involucrados, y a ellos no les conviene porque se va a destapar todo lo podrido del gobierno, dice Virgina Buenrostro Ibarra, que tiene a cuatro familiares desaparecidos y pertenece al grupo Lupa (Lucha por Amor, Verdad y Justicia).

A su lado está Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), incansable luchadora por las garantías individuales, quien señala que en Nuevo León nosotros calculamos que son como mil desaparecidos en Nuevo León, pero seguramente hay muchísimos más, porque el miedo tiene paralizado a la ciudadanía. Si el PRI quisiera la tipificación, saldría, porque todos los partidos están en favor de esta ley; pero si dice que no, como es mayoría, no sale.

Los familiares que acuden a denunciar la desaparición forzada se topan con la respuesta del Ministerio Público de que es un delito inexistente: “La misma ley dice que cuando aprehenden a una persona su obligación es presentarla ante la autoridad correspondiente, pero lo que sucede es que la detienen, se la llevan a investigar y pueden tardar días para regresarla a la autoridad correspondiente. Ese mero hecho es un delito de desaparición, y si lo tipifican ya no lo podrían hacer. Se están tocando intereses muy importantes y se está favoreciendo la impunidad”.

Durante meses, el diputado priísta César Garza Villareal, de la Comisión de Justicia y Seguridad en el Congreso local, realizó mesas de trabajo para analizar los cambios al Código Penal para tipificar la desaparición forzada, pero nunca concretó nada, argumentando que no cedería a presiones nacionales ni internacionales.

Es mejor que no vengan otra vez los de la ONU, ellos son extranjeros, dijo a los familiares de desaparecidos.

Liz Sánchez le contestó: Nos intenta volver al mismo punto, diputado, y no nos va a convencer. La privación ilegal de la libertad no sustituye a la desaparición forzada; se requiere la tipificación, porque se niega el paradero de la víctima y por la intervención por acción u omisión del Estado.

Luz María Morán Mota, de Veracruz, con cuatro familiares desaparecidos por agentes de tránsito del municipio de Juárez, Nuevo León, se muestra desesperada: Nos urge que tipifiquen el delito, porque si no, no vamos a encontrar el paradero de nuestros hijos.

La interrumpe Gustavo Castañeda: Necesitamos que el gobierno se ponga en los zapatos de nosotros. Están en el aire muchas víctimas, y mientras no tipifiquen, a los militares, marinos y policías que cometen este delito de desaparición forzada no se les puede llamar a cuentas.