Desde hace dos años los indígenas nahuas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz permanecen en la cárcel acusados falsamente del robo de un vehículo, como represalia por la lucha que iniciaron para dotar de agua a la comunidad de Atla, en la sierra norte de Puebla, luego de que por más de tres décadas un cacique local había acaparado la distribución del líquido, por el cual pedía dinero o trabajo voluntario a quien lo necesitara.

Así lo denunció en entrevista Araceli Olivos Portugal, miembro del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quien afirmó que este caso es representativo de la forma en que son criminalizados los activistas de los pueblos indios.

La abogada recordó que ambos indígenas, quienes en 2008 fueron designados por su comunidad como presidente auxiliar, en el caso de Aniceto, y juez de paz, en el de Agustín, se dieron a la tarea de hacer que el abastecimiento de agua fuera gratuito y abierto para toda la comunidad, labor que molestó a quienes controlaban dicho servicio.

“El trabajo de José Ramón y Pascual vulneró los intereses de un grupo caciquil dirigido por Guillermo Hernández, quien hace 30 años acaparó las fuentes de abastecimiento que preparó el gobierno, por ser el único que hablaba bien español, y ahora cobra 5 mil pesos por toma, o exige trabajo ‘voluntario’ a la gente que necesita el líquido”, aseveró.

Luego de varios actos de intimidación, el 22 de octubre de 2009 un hombre cercano a Hernández, llamado Abraham Aparicio, trató de atropellar a los dirigentes nahuas, quienes lograron esquivar el auto. A pesar del ataque, ambos acceden a firmar un convenio de perdón contra su agresor, figura legal propia del sistema jurídico de los pueblos indios de la zona para resolver conflictos a través de la conciliación.

No obstante, unos días después Aparicio interpuso una demanda por el robo del vehículo contra los activistas, quienes en enero de 2010 fueron condenados a una pena de siete años de cárcel, en un proceso en el que el juez toleró diversas irregularidades, entre ellas el hecho de no haberle explicado los cargos a los acusados en náhuatl, su idioma natal.