Monterrey, NL, 18 de febrero. En demanda de que los gobiernos federal y estatal recuperen –y reasignen a quienes las necesiten– las más de 230 mil 600 viviendas abandonadas en Nuevo León a causa de la inseguridad y a la incapacidad económica de sus moradores para cumplir puntualmente con los pagos, unos 3 mil integrantes del Frente Popular Tierra y Libertad (FPTL) y del Partido del Trabajo (PT) marcharon en esta ciudad.

La protesta se realizó al cumplirse 36 años de un desalojo que el gobierno estatal hizo contra el movimiento urbano popular en la colonia Granja Sanitaria de Monterrey, cuyos habitantes luchaban por un pedazo de tierra, con saldo de seis personas muertas y 15 heridos de bala, recordó Guadalupe Rodríguez Martínez, de la dirigencia estatal del FPTL.

Mientras en aquellos años faltaban casas, hoy se registra paradójicamente un fenómeno inverso: según el Censo de Población y Vivienda 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía contabilizó en Nuevo León un millón 529 mil viviendas, de las cuales de 230 mil 677 estaban sin habitar; es decir, el 15 por ciento del padrón estatal.

Agregó que la mayoría de las casas desocupadas han sido desmanteladas a causa del vandalismo o son usadas como refugio de delincuentes, indigentes o alcohólicos, por lo cual propuso que el gobierno recupere las casas abandonadas y las reasigne a quienes las necesitan.

Si queremos evitar estallidos sociales por graves problemas de pobreza y vivienda que sufren millones de personas en el estado se debe empezar por resolver el problema habitacional, tan- to para quienes no la tienen, como para aquellos que tenían pero la abandonaron, dijo Guadalupe Rodríguez.

Pedro Vázquez González, de la dirigencia nacional del PT destacó que hoy la situación pinta peor en el país, pues más de 60 millones de mexicanos vi-ven en pobreza extrema, 32 millones en pobreza alimentaria y más de 12.5 millones trabajan en el comercio informal; pero a pesar del alto costo social, el gobierno de Felipe Calderón insiste en la aplicación del modelo neoliberal que ha traído a los mexicanos más de 30 años de pobreza y desempleo.

Guadalupe Rodríguez recordó que durante la década de los 70 el problema social más agudo, junto con la pobreza, era la lucha por un pedazo de tierra dónde vivir.

En el Monterrey de aquellos años, por la alta migración campesina y la falta de programas de vivienda popular, las familias vivían hacinadas en vecindades o invadían predios en los cinturones de miseria, apoyadas por el FPTL.

Fue así que la madrugada del 18 de febrero de 1976, en la colonia Granja Sanitaria, hoy Valle de Santa Lucía, al poniente de Monterrey, hubo un operativo policiaco para desalojar a precaristas y posesionarios del FPTL, con saldo de seis muertes y 15 heridos de bala.

Aunque en su momento fueron identificados los principales responsables de la matanza, entre ellos Juan Urrutia Paura, capitán de la policía, el clamor de las familias proletarias ha quedado bajo la más oprobiosa impunidad, pues año tras año han venido demandando que se castigue a los responsables, sin que haya una respuesta de las autoridades, dijo Rodríguez.

Expuso que así como hoy claman justicia los familiares de las víctimas colaterales y desaparecidos por la guerra de Calderón contra el narcotráfico, así han clamado sin éxito durante 36 años las familias proletarias de Monterrey.

El 18 de febrero no es una fecha más. Es un ejemplo de la impunidad, injusticia e incapacidad de los gobiernos priístas para dar respuesta a los problemas sociales, como la demanda de vivienda, dijo la dirigente del PT.