El sector público en México es el que tiene la mayor responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero en el país, ya que Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y el transporte público producen 60 por ciento de las mismas, dijo la representante en México del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Dolores Barrientos Alemán.

Al encabezar un encuentro con legisladores y representantes del sector empresarial, a quienes presentó el proyecto de ley general de cambio climático que discute el Congreso, la funcionaria consideró urgente que la actual legislatura apruebe dicha iniciativa, que incidirá en una mayor eficacia en los procesos productivos.

Tenemos que aprovechar esta coyuntura porque en los seis años el gobierno de México ha hecho inversiones importantes y ha tenido avances en proyectos limpios. Sería el mejor momento para pasar esta ley, dijo.

Entre los proyectos que el gobierno mexicano ha implementado, enumeró la obligatoriedad de que todos los créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores vayan acompañados de incentivos para instalar dispositivos ahorradores en los domicilios, la sustitución de focos incandescentes por ahorradores, así como avances regulatorios en la producción de energías renovables.

Destacó que el país tiene gran potencial para generar energía eólica y solar, ya que cuenta con niveles de irradiación de los más altos en el mundo, aunque reconoció que lo hecho hasta el momento no es suficiente.

No obstante, los representantes del sector empresarial externaron su preocupación por la aplicabilidad de dicha ley, debido a que, consideran, generará importantes costos tanto para el gobierno como para las empresas, lo que podría derivar en pérdida de competitividad.

Lourdes Aduna, asesora de la micro, pequeña y mediana empresas, consideró que la ley pretende muchos beneficios, pero no están legislados ni puestos en blanco y negro.

Destacó que si bien se habla de promover la transferencia de tecnología no se han fijado los lineamientos de cómo se va a llevar a cabo.

Hablan de crear nuevas instituciones, nuevos consejos, todo eso cuesta. Nada más 2 mil 438 programas de cambio climático de los municipios va a costar muchísimo. Sería más productivo hablar de las acciones en concreto con ese dinero en equivalente y que generarían emisiones menores, puntualizó.

Además, señaló que los lugares en el mundo donde se crea un mercado de emisiones (donde se paga por emitir gases de efecto invernadero) tienen una competitividad abierta en el sector energético, lo cual no es el caso de México.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Sergio Cervantes, demandó que se establezcan tiempos razonables para que los empresarios incorporen nuevas tecnologías que ayuden a disminuir las emisiones.

Hay mucha preocupacion de los industriales de Canacintra porque en un inicio pensaron que les iban a clausurar si no cumplían los lineamientos de la nueva ley o que se impondrían mayores regulaciones.

Destacó que los pequeños empresarios, sobre todo, no pueden cambiar un proceso de la noche a la mañana y pidió tiempo para buscar las tecnologías y recursos para adquirirlas. Si la quieren aplicar luego luego sería un costo adicional para las empresas, advirtió e indicó que el sector mantiene reuniones con legisladores para incorporar sus puntos de vista.

La ley general de cambio climático fue aprobada en diciembre pasado por el Senado y la minuta se turnó a la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales trabaja en el dictamen.