Académicas especialistas en temas de transparencia señalaron que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) deberían ser nombrados en terna por sus propios representantes, de manera democrática y con participación de organizaciones comprometidas con la transparencia; de lo contrario, aseguraron, se corre el riesgo de mantener un organismo debilitado, sin credibilidad y apegada al Ejecutivo en lugar de los ciudadanos.

Asimismo, indicaron que el presidente Felipe Calderón está a tiempo de enviar al Senado nombramientos de ciudadanos de amplia trayectoria, especializados en la administración pública, pero sobre todo con posturas independientes y no cargadas hacia un grupo político, como pretende hacer, dijeron, con el ex titular de la consejería jurídica de la Presidencia, Ricardo Celis Aguilar Álvarez.

Lo que está buscando Calderón es proteger lo que se diga de su administración después de su mandato, afirmó la académica Issa Luna Pla, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La especialista en derecho y acceso a la información dijo que una vez que la Presidencia envíe el nombramiento de Celis Aguilar al Senado y si éste lo admite, el Ejecutivo dejaría un Ifai debilitado y sin credibilidad, que favorecería el resguardo y ocultamiento de la información, particularmente la que tiene que ver con la seguridad nacional, que es la que más se necesitará revisar y evaluar una vez que Calderón deje Los Pinos.

Se perjudicará principalmente el derecho de los ciudadanos a la verdad, a saber qué fue realmente lo que sucedió en la guerra que le declaró (Calderón) al narcotráfico, cuáles fueron los resultados de sus acciones y, sobre todo, la corrupción que se gestó en su administración.

Institución confiable

Para la investigadora Beatriz Solís Leree, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, el Ifai es una de las pocas instituciones en la que los mexicanos confían y de la cual deberíamos sentirnos orgullosos; sin embargo, manifestó, se puede perder su credibilidad por la representatividad o cercanía que alguno de los consejeros pudiera tener con el Ejecutivo, ya que precisamente es a éste al que debe supervisar.

La sociedad civil tiene que luchar por esa autonomía, porque se podría mantener una instancia que se deba más al presidente que a los ciudadanos.

Ambas investigadores coincidieron en que el funcionario propuesto por la Presidencia carece de conocimientos en transparencia y rendición de cuentas y, además, estaría influenciado por la figura del mandatario.