El Senado de la República pidió ayer al presidente Felipe Calderón que ajuste sus actos a la ley, y no interfiera en el proceso electoral del próximo mes de julio; asimismo, solicitó a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, que no utilice a esa dependencia con fines político-partidistas.

Por otra parte, se aprobó pedir a Morales Ibáñez que remita al Senado un informe sobre los motivos de la destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), José Luis Vargas.

Inicialmente el tema lo llevó a tribuna el senador del PAN Felipe González, quien propuso que se formulara un llamado a todas las fuerzas políticas, a los tres órdenes de gobierno y a la ciudadanía para generar condiciones propicias y que las elecciones se lleven a cabo en un contexto de respeto a la ley, tolerancia y participación.

Ello, expuso el legislador, con el propósito de fortalecer la democracia e instituciones y para que entre los candidatos prevalezca el debate político de las ideas y no la guerra sucia, los denuestos y las mentiras.

De inmediato, el senador del PRI Fernando Castro Trenti apoyó el punto de acuerdo del panista, pero propuso que el llamado se formulara directamente a Calderón y a la titular de la PGR, ya que hay antecedentes, sostuvo, de que la procuración de justicia se está utilizando como instrumento de competencia electoral.

Recordó los casos de Jalisco, donde Arturo Zamora, candidato al gobierno de esa entidad, fue acusado de nexos con la delincuencia organizada, al igual que Manuel Añorve, en Guerrero, además del llamado michoacanazo y la detención del perredista Greg Sánchez, en Quintana Roo, asuntos en los que la PGR fue un instrumento para perjudicar a competidores políticos del partido del presidente Calderón.

Por ello, dijo Castro Trenti, el exhorto debe dirigirse al titular del Ejecutivo federal para que se abstenga de ordenar a los secretarios de Estado y a la procuradora Morales acciones en contra de sus adversarios políticos.

El senador González respondió que las sospechas infundadas y los pronunciamientos confusos en torno a las autoridades que intervienen en el proceso electoral “crean un clima que no es propicio para el desarrollo político.

La designación de una nueva fiscal para delitos electorales (Imelda Calvillo) está dentro de las facultades que la ley otorga a quien encabeza la PGR, pero se ha prestado a excesos, recalcó el panista.

Castro Trenti insistió en que no debían tener miedo en el Senado de pedir a Calderón que sea el primer comprometido en no entrometerse en el proceso electoral que culmina en julio. Recordamos todavía la resolución de la sala superior del tribunal electoral, que reconoció la intromisión del entonces presidente Vicente Fox en el proceso de 2006.

El perredista Pablo Gómez planteó a su vez diferir la discusión para el próximo martes, a fin de integrar un buen punto de acuerdo en el que se incluya establecer un pacto entre los 32 gobernadores y el presidente Calderón, a fin de que se evite la propaganda gubernamental las próximas semanas.

Hizo notar que en este momento no hay ya campañas electorales, pero sí campañas políticas de los gobernantes mediante el uso de recursos públicos y es lo que debe evitarse. Sin embargo, su propuesta no se aprobó, pero sí la del PRI, que además se votó a mano alzada en un salón con menos de 50 senadores.