an sólo mes y medio Felipe Calderón trazó con toda claridad dos líneas básicas de su gobierno hace cinco años: en diciembre de 2006, vestido de soldado, inició la ofensiva que nos ha acarreado 50 mil muertos. En enero del siguiente año, no pudo contener el aumento al precio de la tortilla y el país se despeñó en una severa crisis alimentaria. Política de seguridad y política agroalimentaria han sido dos de los principales fracasos del sexenio.

Las últimas semanas han ido cayendo los datos que revelan las llamadas no atendidas y las oportunidades perdidas en materia de alimentación. Apenas la semana pasada, el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social), en su Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2011, dio a conocer que entre 2008 y 2010 se incrementó en 4.2 millones el número de personas en pobreza alimentaria en nuestro país, para alcanzar ya el número de 28 millones, uno de cada cuatro mexicanos. No se toma en cuenta, es obvio, el terrible saldo de pobres alimentarios que arroja la sequía que comenzó el año pasado. Algunos analistas calculan que el número de personas en hambruna podrá dispararse hasta 3 millones.

El problema no sólo es el de por sí abultado número de personas que están en pobreza alimentaria o franca hambruna. Radica en que la gente tiene cada vez más dificultad para comprar sus alimentos, pues éstos incrementan su precio más que el salario: al comenzar el sexenio que agoniza, con un salario mínimo se podían comprar 8.1 kilos de tortillas; hoy, 5.3 (La Jornada, 8 de diciembre de 2011, nota de Juan Antonio Zúñiga).En 2006, 48 piezas de pan, hoy sólo 39; 5.7 litros de leche, contra 4.2 de ahora. Y del frijol ni hablemos, pues mientras al comenzar el gobierno calderonista se podían obtener 4.8 kilos con un salario mínimo diario, hoy apenas se pueden comprar dos, y falta que avance el año y pegue más la carestía provocada por el cambio climático.

Tanto la política salarial como la de producción y abasto de alimentos han sido equivocadas. Si desde el Estado se hubiera lanzado una ambiciosa política de producción de los alimentos que necesitamos, aun con sequías e inundaciones, no tendríamos la escasez que ahora enfrentamos. Pero no, se prefirió la salida fácil de importar lo que comemos y promover la exportación de nuestros caballitos de batalla agroindustriales: tequila, tomate, cerveza, frutas tropicales, becerros. Resultado: en 10 años de gobiernos blanquiazules nuestra dependencia alimentaria se ha incrementado, sobre todo en granos básicos y en cárnicos, al punto de que tan sólo en maíz la diferencia entre importaciones y exportaciones durante el calderonato llega a 9 mil 662 millones de dólares. El año pasado por cada dólar que entró a nuestro país por concepto de exportaciones agroalimentarias tuvimos que enviar 4.5 dólares para pagar los alimentos que importamos (La Jornada, 30 de diciembre de 2011, nota de Juan Antonio Zúñiga).

Así, según la Cepal, mientras otros países de América Latina, como Brasil y Argentina, aprovecharon muy bien el ciclo de incremento de los precios de los alimentos, México lo desaprovechó terriblemente, por ser un importador neto de los mismos. El citado organismo latinoamericano no sólo pone el dedo en la llaga del problema, también señala el camino para solucionarlo: logrando una mayor participación de la economía familiar en la producción alimentaria. Eso es exactamente lo contrario a lo promovido por los últimos gobiernos, cuyas políticas han hecho que los subsidios se concentren enormemente en los grandes productores y unas cuantas entidades de la República, y no pudieron ni generar los empleos necesarios ni detener el proceso de empobrecimiento en el medio rural.

La política agroalimentaria federal no ha funcionado para construir nuestra soberanía alimentaria ni para mejorar el nivel de vida del medio rural. Y se corre el riesgo que las medidas emergentes, en la coyuntura de la hambruna, tampoco funcionen. Justo cuando es necesario que se libere una gran cantidad de recursos para atender las necesidades alimentarias y fomentar la producción de alimentos básicos para este año, sobreviene la veda electoral, la temporada en que, por ley, los programas gubernamentales se detienen para no violar la legislación electoral. Pocas voces han denunciado este inminente problema, salvo la de la Caravana del Hambre. Es necesario que, a la brevedad, el Ejecutivo y el Legislativo federal encuentren la fórmula para que los recursos materiales y financieros para atacar la hambruna y activar la producción alimentaria no dejen de fluir, así sea en vísperas de los comicios. De urnas no come la gente, sólo quienes viven de la política.

Mal termina un sexenio que en dos aspectos básicos, seguridad y alimentación, mal comenzó. Unos mueren sufriendo rápido: otros sufren muriendo lento. Muchas muertes y malas vidas.