ahora viene el general Galván, secretario de la Defensa Nacional, a decirnos seis años después, cuando todo está perdido, que el crimen organizado es una seria amenaza para la seguridad interior. ¿Amenaza, general, con 60 mil muertos? ¿Con miles de desplazados, exiliados y desaparecidos? ¿Amenaza, cuando usted mismo reconoció, sin identificarlas porque sabe que las conocemos, que en algunas latitudes del territorio nacional el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado? Y para colmo de males Alejandro Poiré, cada día más devoto de Felipe Calderón, reconoció en la agonía del sexenio que el narco había infiltrado los tres niveles de gobierno. Estaríamos mejor si se les hubiera combatido con firmeza décadas atrás (bit.ly/ydZRCZ). Nos queda claro el mensaje: ¡fue culpa del PRI!

En el 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad el general Galván reconoció que la actuación de Calderón ha sido responsable y valerosa. Valerosa, si consideramos que va siempre rodeado de militares. Pero responsable nunca, cuando ha aceptado en distintos foros que desconocía la fuerza del narco, la corrupción de los cuerpos policiacos y la ineptitud del sistema judicial. No fue responsable lanzarse a una lucha a ciegas, sin estrategia de salida, y contra sombras que se multiplicaban en la noche mejor armadas que las fuerzas militares.

El general declaró que la interferencia de los delincuentes estaba generando intrincados momentos. No son intrincados, general, son de una claridad meridiana. Y aunque nadie sabe lo que está pasando, lo único cierto es que siguen multiplicándose los muertos. La sociedad civil no sufre confusión alguna. Nos queda perfectamente claro que los enemigos están ganando la partida, y que la intervención del Ejército, y los miles de violaciones a los derechos humanos investigadas por organizaciones locales e internacionales, muestran que el Ejército convirtió la pelea hace mucho tiempo en una cruenta guerra civil. Recuerde, general, el título lapidario del reciente reporte de Human Rights Watch (HRW): “Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”. Hoy sus palabras confirman las conclusiones del reporte. Enrique Peña Nieto dijo que las inauditas declaraciones del secretario Galván revelan poca eficacia del gobierno en la lucha anticrimen. Poca me parece poco. Más bien ninguna…

Habría qué preguntarle al general qué sigue. Porque si el Ejército se declara rebasado estamos perdidos. ¿A quién recurrir: a los marines, que de manera soterrada ya están operando en territorio nacional? Influenciado por la agenda de Mike Mullen, comandante de la junta de jefes de estado mayor conjunto de Estados Unidos (que se prepara a lanzar desde aquí su embate contra el narco en Centroamérica), Galván aseguró que el crimen organizado es un grave fenómeno delictivo de dimensión cultural, sociológica y trasnacional.

¡Bendita cultura!, si con ella el general se refiere al cúmulo de narcocorridos, narcocapillas, telenovelas, arte popular y películas, producidos por artistas o benefactores de buena voluntad, que están destruyendo inconscientemente nuestro buen nombre en el mundo. Prefiero callar sobre la herencia sociológica de la guerra de Calderón.

Galván no quita el dedo del renglón: quiere recibir, antes de que termine el sexenio, la inmunidad que necesita para blindar a jefes y oficiales contra posibles denuncias por violaciones a los derechos humanos en tribunales internacionales; a la manera de Calderón en la Corte Penal Internacional, o de Ernesto Zedillo en una corte federal de Estados Unidos por la matanza de Acteal. En un artículo anterior cité a José Luis Soberanes, ex ombudsman nacional, para quien el marco jurídico que piden los militares es para tener impunidad; quieren cambiar la ley para adecuarla a lo que están haciendo, como en Chile y Argentina, y así evitar los tribunales internacionales.

Antes, a propósito de la noticia de que habíamos alcanzado los 60 mil muertos (bit.ly/zpDzxt), dije que en los estados que cubrió el último reporte de HRW se detectaron fallas sistemáticas en las investigaciones, que han impedido que soldados y policías rindan cuentas.

HRW considera que la práctica de descartar a las víctimas como delincuentes es consecuencia directa del doble discurso de Calderón. Predica el respeto a los derechos humanos, y por otra parte insiste públicamente en que los abusos cometidos por militares no son ciertos, y que 90 por ciento de las víctimas son miembros de la delincuencia organizada. Ese doble discurso transmite a los funcionarios judiciales el mensaje de que las denuncias son infundadas, e insinúa a las fuerzas de seguridad que sus abusos no serán cuestionados.

Hoy, seis años después, Galván reconoce que ha habido errores, y que es lealtad a las víctimas y a sus familias sancionar a los infractores comprobados y reparar el daño. Como hubiese dicho en su momento el inolvidable Cantinflas sobre los infractores comprobados: ahí está el detalle…

http://jorgecamil.com - http://facebook.com/jorgecamil1 - http://twitter.com/jorgecamil