Si Sabines viola mandato se pedirá su desafuero: Regino Montes
Viernes 17 de febrero de 2012, p. 38
Oaxaca, Oax., 16 de febrero. La suspensión provisional otorgada la noche del miércoles a los municipios zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa por el juzgado sexto de distrito contra el decreto del Congreso de Chiapas que creó una demarcación en dichos territorios indígenas obliga al gobierno chiapaneco a suspender toda obra de construcción o acto jurídico en terrenos de Oaxaca, afirmó el secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes.
El el funcionario detalló que el gobierno de Chiapas deberá detener la construcción de un palacio municipal, una escuela y un centro de salud en lo que pretende convertir en el municipio de Belisario Domínguez.
Regino Montes, ex asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, recordó que el juzgado sexto de distrito ordenó suspender los actos de afectación o privación de la propiedad o de la posesión y disfrute de tierras, aguas, pastos y montes, así como los privativos de los derechos agrarios de los pueblos zoques.
Falta resolver controversia interpuesta ante la SCJN
Expuso que el tribunal admitió los dos juicios de amparo presentados el 8 de febrero por representantes de los zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa y reconoció el derecho de los indígenas a defender por medio de un juicio legal y equitativo la integridad y soberanía de su territorio.
Destacó que si la resolución no es acatada, el juzgado podría promover el juicio de desafuero en contra del gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, por violar la Ley de Amparo.
El subsecretario de Asuntos Indígenas, Hugo Aguilar Ortiz, dijo el miércoles por la noche, en conferencia de prensa, que esta resolución es independiente de la controversia constitucional presentada por autoridades de ambos municipios y por los tres poderes de Oaxaca ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Indicó que este recurso está en etapa de reclamación, pues el ministro Jorge Pardo Rebolledo lo desechó por considerar que se trata de un conflicto de límites y es competencia del Senado.