En un hecho insólito, el gobierno capitalino propuso a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal –y así lo aprobaron los diputados locales en comisiones– crear una nueva ley de prestación de servicios inmobiliarios del Distrito Federal, con la que busca regular empresas y agentes inmobiliarios, pero en cuyo articulado incluye a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) como entidad de certificación para poder desempeñarse en ese ámbito, e incluso como miembro del consejo que se crearía ex profeso.

Tal situación fue denunciada y criticada por integrantes de ese sector y por legisladores locales, quienes consideran que poner en una ley cualquier nombre y apellido o cualquier marca constituye una violación a la Constitución, en lo relacionado con la libertad de trabajo y de asociación.

El artículo 7, fracción segunda, de dicho ordenamiento, precisa: los auxiliares inmobiliarios deberán acreditar estar certificados para el desempeño de sus funciones mediante constancia o certificación emitida por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en el Distrito Federal, institución educativa o asociación debidamente acreditada en la materia.

Más adelante, en el artículo 17, se establece: “se creará el consejo de servicios inmobiliarios del Distrito Federal, el cual estará encabezado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, y sus integrantes serán el secretario de Desarrollo Urbano, el director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, un representante de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en el Distrito Federal, y un representante de asociaciones, organizaciones o consejos dedicados al desarrollo inmobiliario.

La propuesta de nueva ley fue enviada el año pasado por el mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, a la Asamblea Legislativa, y el 22 de diciembre de 2011 se aprobó el dictamen en la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, encabezada por Guillermo Sánchez.

De acuerdo con Saulo Rosales Ortega y Ludivina Meza, dirigentes de la Asociación Nacional de Asesores Certificados de Crédito (ANACC), esa ley es un traje a la medida de la AMPI, y refleja una clara forma de favorecer a esa organización, y de violación a la Constitución, por lo que pidieron a los diputados no aprobarla en el pleno de la ALDF y que se consulte a todo el sector inmobiliario.

A su vez, el diputado del PAN Carlo Fabián Pizano dijo que, en una opinión general, esa nueva ley va en contra del espíritu del artículo quinto de la Constitución mexicana.