En un momento en que jerarcas de la Iglesia católica vuelven a difundir criterios políticos en pleno proceso electoral, la Secretaría de Gobernación optó nuevamente por imponer a la Arquidiócesis de México, encabezada por el cardenal Norberto Rivera, la sanción mínima que indica la ley (apercibimiento), esta vez por delitos electorales.

En el expediente abierto a raíz de una queja del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en 2010, la dependencia emitió en principio sólo un apercibimiento para la arquidiócesis y su vocero, Hugo Valdemar Romero, por transgredir la Ley de Asociaciones Religiosas.

Sin embargo, el Tribunal Electoral consideró que limitarse a resolver una amonestación por esa causa era insuficiente, por lo que ordenó a Gobernación definir una amonestación por las infracciones al código electoral.

En cumplimiento a una orden del máximo tribunal electoral del país –cuyas resoluciones son definitivas e inapelables– la dependencia encabezada por Alejandro Poiré la acató y aplicó del nivel mínimo que prevé el artículo 32 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, esto es, un apercibimiento.

En los hechos, este nivel se convierte en un literal llamado a misa porque está libre de multa económica u otra sanción más elevada. También queda en el sótano del catálogo de sanciones, porque considera que la falta no fue grave (artículo 31) o que alteró la tranquilidad social y el orden público. La sanción debe considerar la situación económica del infractor, la eventual reincidencia y el daño causado. Sin embargo, la conclusión de Bucareli fue que sólo había causales para un apercibimiento. Además, debido a que legalmente no pueden aplicarse dos sanciones distintas por la misma falta, los funcionarios decidieron desde diciembre pasado ratificar el criterio inicial y recurrir a la amonestación mínima.

Lo anterior, de acuerdo con información recabada por este diario, debido a que hasta el momento Gobernación ha mantenido el caso fuera del conocimiento de la opinión pública.

Apenas esta semana, la arquidiócesis volvió a desafiar las normas que le prohíben asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna, así como del partado que le impide convertir un acto religioso en reunión de carácter político. En cambio, emitió una guía para sus seguidores en la que subraya que los católicos deben estar atentos al compromiso de los candidatos y sus partidos de respetar el primero de todos los derechos que es la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.

La ley permite a Gobernación iniciar una investigación de oficio, sin que medie una queja –como la referida del PRD, derivada del llamado de la arquidiócesis a no votar por este partido por su postura en favor del matrimonio entre homosexuales.

En el Palacio de Covián no se han pronunciado ante esta conducta; en la conferencia de Poiré, el martes en la noche, aseveró que desconocía el texto de la arquidiócesis.