Mientras México siga aplicando la política impuesta por Wa-shington en materia de criminalización al consumo de drogas y prohibición absoluta de sustancias sicotrópicas, la violencia en el país no va a terminar, advirtió el ex presidente de Colombia César Gaviria, quien enfatizó que nuestro país debe tener una política propia que defienda los intereses de su sociedad y no pretenda detener el flujo de droga a Estados Unidos, porque con ese tamaño de frontera no lo va a conseguir. Debe perseguir la seguridad de los mexicanos y no pretender salvar a la humanidad.

Estas aseveraciones del ex mandatario fueron expresadas en el foro internacional Drogas: un balance a un siglo de su prohibición, y coincidieron plenamente con las del resto de panelistas, como James P. Gray, quien sostuvo que la política de prohibición de las drogas es el mayor error de Estados Unidos desde la esclavitud.

Juez estadunidense especializado durante 25 años en temas de narcotráfico, Gray ofreció una disculpa por lo arrogante que ha sido mi país con México al proponer que la guerra contra las organizaciones criminales se libre aquí. Recomendó que se cree una política propia en contra de las drogas y la violencia y no se sigan las directrices de Estados Unidos”.

En la que fue la ponencia más esperada, Gaviria –quien como presidente enfrentó al cártel de Medellín, uno de los más poderosos en el siglo XX– consideró que aferrarse al uso del Ejército en la lucha contra el narcotráfico es un error. En su momento fue adecuado para México, hoy ya no lo es.

Al ex presidente le llamó la atención la existencia de un grupo de casi 40 mil policías teóricamente preparados para las tareas en contra de la delincuencia organizada, “cuando lo que se requiere no son más de 2 mil o 3 mil policías con una preparación militar y una buena contrainteligencia para atacar a los cárteles mexicanos”.

El también ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que el término legalización en el contexto de las drogas genera más preguntas que certezas, por lo que consideró más apropiado llamarla regulación, que refleje un uso restringido de las drogas, tan controlado como cada país decida. La prohibición total ha mostrado su fracaso en el mundo entero. México debería abrirse y ver más allá de Estados Unidos para contrastar los cambios en países europeos, que con la regulación de enervantes como la mariguana, la heroína o la cocaína, no sólo han inhibido los índices de violencia y reducido las muertes por sobredosis o contagios, sino que gastan significativamente menos para enfrentar el fenómeno del tráfico de estupefacientes.

Además, dijo, es importante para México un sistema de justicia eficaz. En Colombia casi a diario se habla en los periódicos de que metimos a la cárcel a un gobernador o a un congresista. Sabemos que el narcotráfico infiltra todo y noticias de detenciones así en México son muy raras. México no debe espantarse si se nombra a un civil para encargarse de las fuerzas armadas, o quitar el fuero a los políticos, pues mantenerlo sólo crea áreas de impunidad.

Con la presencia de empresarios del Grupo Monterrey, quienes son copatrocinadores del foro; de Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y de Isabel Miranda de Wallace, candidata del PAN a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, los expositores de esta segunda jornada coincidieron con el ex presidente de Colombia al advertir que si no se cambia la política local en países como México, va a ser imposible detener la violencia, además de que se hace necesario ver las adicciones no como un delito, sino como un problema de salud pública.

En su turno, Sergio Ferragutt, empresario y ex colaborador de la Procuraduría General de la república (PGR), aseveró que la legalización de las drogas daría el tiro de gracia a los narcotraficantes y a sus socios invisibles escondidos en las estructuras de poder, pues el ingreso a México de miles de millones de dólares producto del negocio de las drogas en Estados Unidos está transfiriendo poder económico y político a grupos cuestionables.

Como su antecesor –y prácticamente la totalidad de los panelistas–, condenó la política oficial y sostuvo que en todo caso las drogas no son la base del problema de la violencia, sino el dinero que genera su comercio: Mientras las drogas se sigan prohibiendo, los principales beneficiarios seguirán siendo los grandes narcotraficantes; ellos son los principales opositores a un cambio de política, porque se les acaba el negocio.

A contracorriente de lo que se ha venido proponiendo en el foro, Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina contra las Drogas y el Delito de la Organización de Naciones Unidas (ONU), expuso la política que defiende este organismo, en consonancia con la prohibición, lo que le valió un agresivo rechazo por parte de la audiencia que no dejaba de aplaudir todas las propuestas que tuvieran que ver con la legalización de los estupefacientes. Mazzitelli respondió a las críticas señalando que la ONU sólo refleja los acuerdos a los que llegan los países miembros.

Alex Wodak, médico australiano experto en adicciones, dijo irónico que si quienes promueven la prohibición consideran un éxito que en diez años el tráfico de cocaína se haya incrementado en más de 300 por ciento, que haya más muertes, más violencia, y más adictos, ¿cómo estaremos cuando reconozcan que la estrategia falla?.

Explicó a manera de ejemplo que con la sola acción de proporcionar agujas limpias para los adictos en su país, el número de muertes por contagio disminuyó drásticamente.