Durante el ejercicio fiscal de 2010, el gobierno de Felipe Calderón afectó a la sociedad y repercutió en el presupuesto federal al aumentar recurrentemente el monto de los proyectos de inversión en obras de infraestructura, destaca el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010.

El documento revela también un problema estructural en el gasto destinado al campo, pues señala que más de 50 organizaciones corporativas de productores desvían el dinero destinado a aliviar la pobreza y la marginación, privilegiando fines distintos a los programas gubernamentales.

Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entregó a la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Esthela Damián Peralta, los resultados de la fiscalización, e hizo mención puntual de Juan Molinar Horcasitas, quien se desempeñaba como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2007 –hoy es secretario de elecciones del PAN–, cuando firmó el contrato multianual con la empresa Tata Consultancy, del que se desprenden irregularidades e inconsistencias.

Molinar signó un contrato por 3 mil millones de pesos con dicha empresa para que se aplicara un programa de sistemas en informática. Fue Juan Guerra Ochoa, entonces diputado federal del PRD, quien descubrió que el monto original se incrementó en 60 por ciento. Ayer el auditor confirmó que sobre el caso pesa la duda:

“En el caso que menciona usted sobre Molinar Horcasitas, creo que se refiere a la contratación de un servicio informático, por medio de una empresa, con un monto muy importante, donde la revisión que hemos llevado a cabo nos demuestra que hay una serie de inconsistencias e irregularidades en algunos casos. Dentro de todos los proyectos que contiene este contrato, algunos se cancelaron antes de que pudiera ser concluido el servicio.

O sea, es un pago de algo que no va a tener utilidad. Otros proyectos que incluye ese servicio son algunas propuestas que hace el prestador. No se tiene claridad sobre la forma en que se determinó el monto del contrato; no hay modo de medir la eficacia, la eficiencia, el contenido y la utilidad de los servicios.

La revisión del contenido de la Cuenta Pública 2010 se determinó por 9 mil 39 observaciones, que generaron la promoción de 10 mil 778 acciones, de las cuales 6 mil 935 fueron de tipo preventivo y 3 mil 843 de carácter correctivo, expuso el funcionario.

Ese universo –dijo– contiene problemas estructurales en el manejo de los recursos públicos federales. “En primera instancia, la problemática existente en los programas de apoyo y subsidios en sectores como el campo, donde se ha previsto la utilización de intermediarios que no han contribuido –en diversos casos– al establecimiento de medidas de control, transparencia y rendición de cuentas sobre la manera en que se utilizan los recursos federales asignados. Los beneficios de estos mecanismos no son evidentes, y se puede concluir que, en algunos casos, se privilegian fines distintos para los cuales fueron creados los programas, presentándose diversos esquemas, mediante los cuales se evade la correcta comprobación de los fondos, como la presentación de documentación presuntamente apócrifa.”

El auditor ubicó en los proyectos de infraestructura modificaciones recurrentes respecto de las previsiones originales, que resultaron en incrementos sustanciales en los montos de inversión, y aumento en el plazo de contratación, ejecución y puesta en marcha. Los efectos de esta problemática –destaca– conllevan repercusiones sociales y económicas que afectan, en primer término, a la sociedad, al no contar oportunamente con los beneficios de las obras, y al erario, por la generación de sobrecostos en relación con los presupuestos autorizados.

La ASF ha llevado a cabo un diagnóstico sobre las causas que originan el crecimiento en los costos y en los tiempos; nuestra conclusión es que el principal elemento que detona los desfasamientos en las obras lo constituyen las serias deficiencias y modificaciones al proyecto ejecutivo.

La auditoría aplicada al sistema integral para la gestión administrativa (SIGA) y al fondo de modernización inmobiliaria del Instituto Federal Electoral (IFE) fueron consideradas irregulares por la ASF; no obstante, no se afectará el proceso comicial del presente año.

“…desde la adquisición del SIGA, en diciembre de 2009, hasta el cierre del ejercicio fiscal de 2010, el IFE erogó 70.7 millones de pesos relacionados con el sistema, el cual estaba programado para entrar en operación en noviembre 2010, lo que no había ocurrido al cierre de 2011, por tanto, se pagaron servicios que no se utilizaron o recibieron por 27.5 millones de pesos, correspondientes a licencias, soporte extendido y módulos del sistema, entre otros.

“El 20 de diciembre de 2010, el IFE determinó crear un fondo de modernización inmobiliaria para llevar a cabo las acciones del plan inmobiliario 2010-2011, para la construcción, adecuación, remodelación, ampliación y adquisición de edificios.

La autorización para la creación de dicho fondo fue irregular, ya que no se debían destinar recursos de su presupuesto de 2010 para la adquisición de inmuebles, además, al 31 de diciembre de 2010, el fondo no se había constituido. No obstante, el IFE registró recursos del supuesto fondo como presupuesto devengado, ejercido y pagado sin existir una obligación de liquidación a terceros, por lo que la ASF determinó que el instituto debe reintegrar los 348 millones 300 mil pesos que se destinarían a dicho fondo, con sus respectivos intereses.

El análisis de siete años de funcionamiento del programa Enciclomedia –impulsado denodadamente por Vicente Fox– advierte que éste continúa con deficientes mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los bienes y servicios contratados.

“Asimismo, se carece de indicadores para evaluar el impacto del programa en la calidad de la educación básica del país…la SEP no acreditó que los prestadores de servicios garantizaron en forma íntegra los consumibles en 125 mil 562 aulas, o en su caso la documentación que comprobara que la SEP realizó el descuento por 558 millones de pesos”.

Por lo que hace al Programa Habilidades Digitales para Todos, empezó a operar en 2009 mediante la ministración de 771 millones 500 mil pesos a los 31 estados de la República, y en 2010 con equipamiento y conectividad. Sin embargo, no se devengaron 150 millones y 87 más, respectivamente, en incumplimiento del reglamento, ya que en su carácter de subsidios, éstos corresponden a un programa sujeto a reglas de operación que obliga a las entidades federativas a reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos no ejercidos.”