ace dos semanas presenté una breve referencia a un primer reactivo, los asuntos migratorios, entre los varios que determinan el resultado de la prueba de ácido que para la política exterior y la diplomacia de México constituye la relación bilateral con Estados Unidos. Concluí que, si en el presente año –lo que parece en extremo improbable por la coyuntura electoral– o en los dos siguientes –propicios, al ser los primeros de una renovada o nueva administración– se planteaba en Estados Unidos la reforma migratoria integral que todo mundo reconoce como necesaria e inaplazable, corresponderían a México responsabilidades específicas:

–Instar a los organismos multilaterales competentes a revalidar el principio de que cualquier legislación migratoria nacional, dictada en ejercicio de una facultad soberana, debe respetar las limitaciones que el derecho internacional impone en cuanto a la no discriminación, la igualdad de condiciones laborales y la observancia de los derechos humanos de los inmigrados.

–Emprender, a favor de los contenidos básicos de cualquier nueva legislación en materia migratoria, un amplio ejercicio de cabildeo con organizaciones políticas, sociales y sindicales del país vecino, con personalidades de la cultura y el arte, y con ONG dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y la equidad laboral. Hay que procurar que las comunidades mexicanas residentes en Estados Unidos contribuyan a potenciar esta amplia tarea de ilustración, información y convencimiento.

–Conseguir, en fin, participación y apoyo de gobiernos de América Latina interesados en elaborarar y promover posibles planteamientos comunes en el sentido descrito.

–Esta labor de gestión diplomática y de movilización de opinión sería más efectiva y tendría mayor legimitad que el intento, varias veces fallido, de negociar con las instancias legislativas estadunidenses los contenidos de disposiciones que a ellas corresponde definir.

El segundo reactivo está en materiass de seguridad y tráfico de drogas ilícitas, que por decenios han teñido cualquier visión que pueda tenerse del conjunto de la relación. Recuérdese que hace dos o tres decenios México parecía vivir pendiente de si el Congreso estadunidense, actuando en forma unilateral, decidiría certificarlo como país que cumplía con lo que Estados Unidos esperaba de él en combate al narcotráfico, o decertificarlo, enviándolo al páramo de los reacios a colaborar, junto con otros réprobos. Recuérdese también que, en diversos momentos, las autoridades mexicanas han anunciado estrategias destinadas a desnarcotizar la relación bilateral, que no parecen haber funcionado.

Ya en este siglo, el énfasis desmedido en cuestiones de seguridad interna de Estados Unidos y combate al narcotráfico se han sobredimensionado hasta deformar el conjunto de la relación bilateral. La llamada ASPAN, ostentosa denominación que no se corresponde en absoluto con la realidad, encierra cesiones de soberanía por completo al margen de las disposiciones constitucionales mexicanas. Por su parte, la Iniciativa Mérida ha delegado en agentes estadunidenses tareas de enorme importancia, a cambio de asistencia técnica, equipos y financiamiento, severamente condicionados y más bien exiguos ante la magnitud y el costo de la tarea. Ambas, construidas y aceptadas al margen del Senado bajo el disfraz de acuerdos administrativos, han tornado a México más vulnerable y dependiente.

De entrada, parece requerirse una rigurosa distinción entre los dos componentes de esta ecuación –seguridad interna y tráfico de estupefacientes– que suelen manejarse en tándem. Aunque es válido argüir que el narcotráfico puede llegar a poner en peligro la seguridad interna de una nación, es evidente que no constituye el único ni, a menudo, el más acuciante de los riesgos. Una clara delimitación permitiría definir mejor las políticas nacionales y las acciones bilaterales que resultarían adecuadas en una y otra esferas.

En seguridad interior, sobre todo a partir de los atentados terroristas contra Estados Unidos de septiembre de 2001, se ha insistido cada vez más en la noción de un perímetro de seguridad para América del Norte en el que se encierra a México, junto con las otras dos naciones de la subregión y, en algunas versiones, algunos estados y territorios centroamericanos y de las Antillas. En el plano bilateral, milita contra esa noción tan en boga, el hecho indiscutible de que son incomparables tanto las capacidades militares propias de que disponen Estados Unidos y México como las responsabilidades internacionales en materia de seguridad que cada uno se atribuye o ha decidido asumir. En otras palabras, son totalmente diferentes los papeles que uno y otro desempeñan en el ámbito de la seguridad global. Por ello, los entendimientos bilaterales sobre seguridad nacional y la noción misma de seguridad subregional en Norteamérica serán siempre y por naturaleza asimétricos y darán lugar a compromisos y prácticas dictadas en esencia por el más poderoso, que da por supuesta la aquiesencia del otro en lo bilateral, o de los demás en el teatro subregional.

Las eventuales medidas de seguridad recíproca en la subregión norteamericana deberían, en todo caso, enmarcarse en instrumentos multinacionales más amplios, como los que se negocian en Naciones Unidas o los compromisos colectivos de combate al terrorismo y su financiamiento aprobados por el Consejo de Seguridad.

Al abordar el tema del consumo y tráfico ilícito de estupefacientes no puede pasarse por alto que es un fenómeno en trance de evolución. En primer término, gana terreno la noción de que debe separarse en forma nítida la cuestión del consumo de la relativa al tráfico de drogas ilícitas y las conductas criminales de los traficantes, en especial el fomento de las adicciones entre los jóvenes. El consumo de estupefacientes es un asunto de salud pública y, como tal, debe enfrentarse con acciones de prevención y rehabilitación, más que con rutinas punitivas. Ha quedado demostrado que la criminalización generalizada del uso de drogas no actúa como desestímulo eficiente de su consumo y provoca una cauda de consecuencias sociales indeseables.

Por otra parte, hay una insatisfacción cada vez más generalizada con la forma en que se ha venido abordando el asunto del tráfico, que ha demostrado por decenios su ineficacia. En el contexto internacional deben apoyarse las acciones multilaterales para hacer más efectivas las disposiciones de la convención en la materia. La cooperación bilateral o subregional debe, en todo caso, apegarse al marco multilateral e incluir obligaciones recíprocas y equilibradas que atiendan a todas las facetas y manifestaciones del problema.

Un tercer reactivo de esta prueba de ácido, el TLCAN o NAFTA, se examinará en dos semanas.