La Paz, BCS, 15 de febrero. Este miércoles se celebró en La Paz una reunión pública de información sobre el proyecto San Antonio de la minera La Pitahaya, filial de la corporación estadunidense Argonaut, que pretende explotar una mina de oro a cielo abierto en el sureste de este municipio, a 40 kilómetros de esta capital.

El Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, núcleo Baja California Sur, a través de su presidente, Francisco Javier Guzmán Roa, señaló que de acuerdo con el análisis de la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto, existen inconsistencias y falta de información.

Por ello recomendó a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que el documento sea ampliado, para que demuestre que da cumplimiento a las leyes y reglamentos ambientales con los que tiene relación, y mientras tanto no sea autorizado.

El consejo, órgano de consulta de la Semarnat para facilitar la participación de la sociedad civil en política ambiental, pidió que se solicite a la minera La Pitaya que dentro de la MIA se incluya un capítulo específico que aclare y defina cómo se vincula el proyecto con el Plan de Desarrollo Urbano de La Paz, porque en éste las unidades de gestión ambiental no contemplan la actividad minera.

La reunión, que se efectuó en un hotel, cambió del salón programado porque la asistencia rebasó las expectativas de los organizadores. A su vez, la minera La Pitahaya acarreó a unos 200 supuestos pobladores de la comunidad San Antonio, a quienes vistió con camisetas de respaldo y pagó la comida en el restaurante del hotel.

Sus expresiones de apoyo fueron silenciadas por los opositores al proyecto, que con pancartas, gritos, abucheos y mentadas de madre repudiaron a los representantes de la minera, por lo que el titular de Transparencia y Acceso a la Información de la Semarnat, Mateo Castillo Ceja, coordinador de la reunión, amenazó con suspenderla en varias ocasiones.

El consejo, en su análisis de la MIA, consideró que el proyecto San Antonio no demuestra en forma suficiente que el acuífero no se afectará, y existe poca información respecto del tratamiento de las aguas residuales.

Señaló que la minera propone un fondo de 4.6 millones de dólares que se aplicarían en labores de restauración en los cuatro años siguientes al cierre de la mina, pero no expone los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las medidas de mitigación a largo plazo, ni tampoco en caso de un accidente ambiental o abandono del proyecto.

Advirtió que la MIA no explora la concatenación entre el proyecto San Antonio y las actividades económicas prioritarias para el desarrollo de la entidad, como el turismo y la agricultura.

En la MIA no hay información sobre el comportamiento estacional de la flora y fauna en el área del proyecto; no presenta evidencias de éxito en el trasplante de especies vegetales; no menciona la preservación del hábitat para la fauna que se localiza en el predio; no presenta un estudio que demuestre la afectación que habrá en el ecosistema ni hace referencia a la ubicación de los corredores biológicos que se verán afectados.

Puntualizó que el documento además tendrá que demostrar que cumple con leyes y reglamentos, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley General de Aguas Nacionales, la Ley Minera y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

En el acto, en el que fue notoria la ausencia de legisladores federales y estatales, se registraron 52 ponencias, la mayoría contra el proyecto.

La reunión concluyó con gritos de fuera, fuera a representantes de La Pitahaya que debieron salir por una puerta lateral del salón resguardada por elementos de seguridad, a fin de que los opositores al proyecto no los siguieran.

El director de la minera Pitahaya, Jorge Alberto Díaz Ávalos, informó que el proyecto consiste en la explotación de una mina de oro a cielo abierto en un predio de 756 hectáreas, ubicado en la cuenca de Los Planes, a 40 kilómetros de la ciudad de La Paz.