El pleno de la Cámara de Diputados aprobó publicar en el Diario Oficial de la Federación las cuentas públicas de 2002 y 2007, que fueron reprobadas y devueltas al Ejecutivo, y que el presidente Felipe Calderón no ha incluido en ese órgano de difusión gubernamental.

En agosto de 2011, la cámara aprobó una reforma a la Constitución que define un plazo de 30 días naturales para que el Ejecutivo publique leyes o decretos votados por el Congreso a los cuales no haya hecho observaciones; en caso de no hacerlo, las leyes o decretos se considerarán promulgados y el presidente de la mesa directiva de los diputados dispondrá su publicación en el Diario Oficial.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política refiere que la cuenta pública de 2002, segundo año de Vicente Fox, fue votada el 22 de abril de 2010, y que la de 2007 –la del primer año de gobierno de Felipe Calderón– fue votada siete días después.

El dictame sobre ambas cuentas fue votado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), con el rechazo de Acción Nacional (PAN), debido a que se incluyen críticas al manejo de los recursos de ambos presidentes y el hecho de que se asegure que en los respectivos sexenios se dilapidó la renta petrolera en el gasto corriente.

El dictamen de la cuenta pública 2002 exigía al gobierno federal abstenerse de transferir a los fideicomisos recursos no gastados, ya que de los 203 mil 658 millones de remanentes de ese año, 102 mil 435 millones se concentraron en fondos inauditables.

También solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinar los daños y perjuicios causados a la hacienda pública por las irregularidades cometidas en el manejo del gasto en dependencias federales, empresas paraestatales y estados.

Debido a que las anomalías se concentraron en los sectores energía, comunicaciones, hacienda, educación y entidades paraestatales no coordinadas sectorialmente, la comisión requirió a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice programas y temas críticos para el país en esas áreas y que dé estricto seguimiento a la solventación de observaciones.

En abril de 2009, la 59 Legislatura devolvió el dictamen de la cuenta pública 2002 a la Comisión de Presupuesto, que presidía el panista Raúl Padilla Orozco, porque el documento avalaba el gasto ejercido ese año por el gobierno de Vicente Fox.

Debido a que en aquella sesión privó el ausentismo de la bancada panista, el PRI logró votar en contra el dictamen, y desde la tribuna los priístas cuestionaron que en el mandato de Fox se crearon nuevos millonarios a costa del erario.

Presentaron las toallas de 4 mil pesos de la pareja presidencial y los colchones de 160 mil pesos del ex embajador de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Carlos Flores, como signo del despilfarro sexenal, así como la compra fraudulenta de El Tamarindillo, la venta de playas en Cancún a sus cuates y los abundantes negocios de los hijos de Marta Sahagún, como pruebas del tráfico de influencias.