En contra de lo que afirma el gobierno, el respeto a las garantías individuales no es una realidad en el país, ya que en el actual sexenio no se ha avanzado en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ni se han aplicado medidas efectivas de protección para los activistas, señalaron organizaciones independientes.

En un comunicado, unos cien colectivos de defensa de los derechos cuestionaron la veracidad del comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación el pasado 7 de febrero, en el cual afirmó que la defensa y protección de las garantías ciudadanas es la más alta prioridad de las autoridades.

Una prueba de que existe una brecha entre las declaraciones oficiales y la realidad, señalaron las organizaciones, es que no se han instrumentado acciones suficientes para cumplir los puntos más importantes de las sentencias de la CIDH ni reparar el daño a las víctimas, como demuestra el caso de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo.

Tampoco se han puesto en marcha medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, pese a que Gobernación dispone para 2012 de un presupuesto de más de 28 millones de pesos para esta labor.

Otro ejemplo de la falta de compromiso del gobierno con los derechos humanos es la reiterada defensa del fuero militar, como quedó de manifiesto con la impugnación de la sentencia que ordenó al Ejército enviar a la justicia civil el caso de Bonfilio Rubio Villegas, nahua que murió por disparos de soldados durante la revisión de un autobús de pasajeros en 2009.

Finalmente, los organismos mencionan que las violaciones a las garantías individuales cometidas en el contexto de la guerra contra el crimen organizado no han sido investigadas de forma clara y suficiente, por lo cual señalan que mientras el gobierno continúe negando las deficiencias existentes y los retos pendientes, los esfuerzos que se emprendan estarán condenados a no poder revertir una situación que se ha convertido en insostenible.