Madrid, 13 de febrero. La sala de lo penal del Tribunal Supremo de España archivó hoy la querella interpuesta contra Baltasar Garzón por el delito de cohecho impropio (soborno), con relación al caso del financiamiento por Banco Santander, Telefónica y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de un curso en la Universidad de Nueva York a cambio de que el entonces juez de la Audiencia Nacional archivara investigaciones en su contra.

El archivo de la causa se ordenó porque el delito prescribió hace 25 días –tenía un límite legal de tres años–, pero en el auto se sostiene que Garzón sí incurrió en un delito de cohecho impropio.

Garzón fue inhabilitado como juez el pasado jueves por el Tribunal Supremo al ser encontrado culpable del delito de prevaricación por investigar la corrupción en el derechista Partido Popular (PP, en el poder) en la investigación del caso Gürtel.

El ex magistrado, referente en la lucha contra la impunidad en las dictaduras de Argentina (1976-1983) y Chile (1973-1990), ahora está a la espera de la resolución de la querella en su contra por investigar los crímenes perpetrados por la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), por lo que podría ser inhabilitado 20 años.

También está a la espera de resolver si presenta el recurso de apelación a la sentencia en su contra por investigar la corrupción político-empresarial en varios gobiernos autonómicos y municipales del PP en el llamado entramado de Gürtel, para lo que prevé acudir al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

En tanto, el fallo del tribunal sobre el delito de cohecho impropio asume las tesis del juez instructor, Manuel Marchena, impugnado sin éxito por Garzón y que concluye en la culpabilidad de éste, aunque no podrá ser condenado, por la prescripción del delito. Así se explica en el fallo: El transcurso del plazo de tres años es innegable, con el consiguiente efecto extintivo en la responsabilidad criminal en que hubiera podido incurrir D. Baltasar Garzón.

Además, la sala, al razonar sobre la conveniencia de que Garzón se hubiera abstenido de una serie de investigaciones en virtud del apoyo económico a un curso organizado en 2005 y 2006 por la Universidad de Nueva York en el que el juez participaba, el auto sostiene: cuando el imputado, debiendo abstenerse del conocimiento de esa querella, consideró oportuno ocultar al fiscal y a las partes la concurrencia de una causa que podría perturbar su imparcialidad, estaba demostrando que el deber de agradecimiento generado por la dádiva interfería ya el ejercicio íntegro de su función jurisdiccional.

Entre las empresas a las que, según el instructor, Garzón habría solicitado apoyo para conseguir dinero que financiara su estancia en Nueva York están Banco Santander, Endesa, Telefónica, BBVA, La Caixa y Cepsa.

En cuanto a la relación entre el magistrado y las empresas que patrocinaron el curso, el auto afirma: Garzón no tiene el deber jurídico de decir la verdad, pues está amparado por el derecho constitucional de no confesarse culpable. En cuanto a los testigos, todo sugiere que la afirmación de que el dinero había sido entregado en atención al cargo de quien se lo solicitaba o para la consecución de algún acto justo o injusto habría acarreado unas consecuencias jurídicas inmediatas, y con toda seguridad, un desenlace bien distinto al que va a tener el presente procedimiento.

El juez sugiere que Garzón sí incurrió en un delito de cohecho impropio: el querellado contactó con los responsables de distintas empresas españolas reclamando ayuda económica para la celebración de cursos en los que él aparecía como director. Todas tenían en común el haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos en el propio juzgado del que era titular el acusado.

Durante su testificación, Garzón respondió a estas acusaciones: no pedí, ni solicité, ni gestioné, ni administré, ni percibí, directa o indirectamente, cantidad alguna de ese patrocinador, ni de otros. Mi participación se ha concretado, en cada uno de los casos, a los aspectos académicos; además tenía mis honorarios fijados y ninguna cantidad podía percibir ni recibir de los patrocinios ni en forma directa ni indirecta.

Miles de personas se concentraron ayer en Madrid, Barcelona y Granada, entre otras ciudades españolas, para protestar por el fallo del tribunal contra Garzón.

Para el poeta Marcos Ana, que estuvo 23 años en cárceles franquistas, “se quiere sentar un precedente para que nadie salga del tiesto, para que ningún otro juez se atreva a hacer lo que hizo Garzón. Nadie puede sentirse seguro en su pequeña libertad mientras haya sentencias como ésta. Hay que seguir luchando para que se conozca el pasado y se repare a las víctimas. Como decía Alberti: ‘me hirieron, me golpearon y hasta me dieron la muerte, pero jamás me doblaron…’ Vamos a seguir peleando para enderezar a esta justicia que se ha torcido un poco”.