El Archivo General de la Nación (AGN), órgano rector de la archivística nacional, custodia de documentos históricos y/o confidenciales, pasará al sector coordinado por la Secretaría de Gobernación (SG).

De acuerdo con el documento base, por estos días, en la última etapa de revisión administrativa previa a su entrada en vigor, se afirma que el cambio –de organismo descentralizado de Gobernación a ente coordinado directamente por el titular de esta dependencia– se desprende de lo que indica la Ley Federal de Archivos.

Esa norma, en vigor apenas hace 20 días, fue criticada desde el año pasado por un sector de especialistas en la materia, que advirtió retrocesos por la forma y la metodología con las cuales se tomarán ahora las decisiones sobre los documentos que el país debe guardar, destruir o exhibir.

No es una ley sana, sino enferma y anticonstitucional. Concede amplio poder documentario al Ejecutivo federal y, en la práctica, México se quedará sin memoria, porque los lineamientos del proyecto están enfocados a la depuración (eliminación) de documentos y a la cerrazón de información, advirtió en marzo de 2011 María Teresa Dorantes, presidenta de Archiveros Sin Fronteras, sección México.

Es decir, dijo entonces, el AGN será convertido en un poder absoluto por encima de las facultades del Judicial e incluso del Legislativo.

Ahora, en el último transitorio del acuerdo, se indica que los derechos de los trabajadores del AGN serán respetados conforme la ley.

Sin embargo, el AGN enfrenta demandas laborales por despidos injustificados, incluso en contra de personal capacitado y acreditado como servicio civil de carrera, el cual denunció el manejo irregular del archivo.

Irregularidades en 2009

El AGN –resguardo de la documentación esencial de México– fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación como responsable de la comisión de irregularidades en 2009 por más de 50 millones de pesos, la cuarta parte del presupuesto destinado a remodelación y ampliación del inmueble, luego de que se canceló el proyecto para construir una nueva sede para el acervo nacional.

Casi un año después, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) está a punto de dar luz verde al acuerdo por el que se agrupa al organismo descentralizado denominado Archivo General de la Nación al sector coordinado por la Secretaría de Gobernación.

En el texto se indica que la presidencia del órgano rector del AGN estará a cargo del secretario de Gobernación, actualmente Alejandro Poiré.

La Ley Federal de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero pasado, crea al AGN como un organismo descentralizado que será, de igual forma, la entidad central de consulta del Ejecutivo federal en la administración de archivos administrativos e históricos de la administración pública federal.

Ahora este repliegue a las oficinas centrales de Bucareli se hace bajo el razonamiento de que el objetivo del AGN se encuentra vinculado con la esfera de competencia que las leyes confieren a Gobernación.

En la ley se indica que el Presidente de la República designará al titular del órgano de gobierno del archivo, el cual recaerá, según este documento en revisión por la Cofemer, en el secretario de Gobernación. La instalación de dicho órgano deberá ocurrir en los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del acuerdo.

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública designará, también en el lapso de un mes, a los comisarios públicos, quienes fungirán como integrantes del órgano de vigilancia del AGN. Esta secretaría nombrará también al titular del órgano interno de control.

En lo que toca a los recursos humanos, financieros y materiales del AGN, todavía órgano desconcentrado de Gobernación, pasarán a formar parte del nuevo organismo, coordinado directamente por el titular del Palacio de Covián.