l fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Donald W. Sharpe, dijo que los sistemas de justicia de México y de su país deberán homologarse
con el fin de fortalecer la seguridad de la región. Su invitación o indicativo de que se homologuen los sistemas de justicia de ambos países quiere decir, lisa y llanamente, que nuestras leyes y procedimientos judiciales deben igualarse o asemejarse a las leyes y procedimientos estadunidenses.
El término homologation significa en inglés, en primer término, la confirmación de un acto jurídico para que sea obligatorio o adquiera autoridad; homologus significa que una cosa tiene la misma proporción o estructura que otra. En ambas lenguas, inglés y español, los términos homologar y homologación vienen del latín y tienen un significado parecido, sólo que en las naciones herederas del derecho romano, entre ellas México, homologar es un concepto jurídico con una significación precisa.
En el lenguaje forense mexicano, pero también en español, francés e italiano, homologar no es otra cosa que la confirmación que hace un juez de un acto jurídico, convenio o testamento y más usualmente de una resolución arbitral. Es, en una palabra, la aprobación que se otorga a ciertos actos jurídicos por un tribunal o por una autoridad administrativa; por tanto, es incorrecto usar el término como lo hizo Sharpe, para significar identificación de un sistema a otro.
Como el clásico, diré que lo que quiso decir el fiscal del vecino país es que nuestras leyes deben igualarse y pronto a las de ellos, que tienen prisa al norte de la frontera porque nos estamos tardando; en Chile y Colombia las cosas se hicieron más rápido. El mensaje de Sharpe fue un llamado de atención: nos tronó los dedos; quickly, nos vino a decir. Pronto, rápido, diríamos aquí.
Y la verdad es que ya llevamos unos tres lustros en este forcejeo que pretende que nuestro derecho nacional, de prosapia latina, de arraigada tradición, de una lógica interna impecable, se derogue y sea sustituido por instituciones de derecho anglosajón. Los patos tiran a las escopetas.
Quieren convencernos para que instituciones de justicia mexicanas sean cuanto antes espejos, copias fieles de las suyas y, lamentablemente, muchos funcionarios, políticos, académicos y jueces, deslumbrados por la moda en la terminología, sin mucha reflexión, ingenuamente en algunos casos, por los viajes pagados, por las becas, los títulos académicos, han aceptado la imposición justificándola con la idea de que con ella nos modernizamos y salimos de la barbarie jurídica.
Lo más lamentable es que la comunidad que podríamos identificar como el foro mexicano, los juristas, sin mucho pensarlo han aceptado por lo general como inevitable la imposición y no he sabido de alguna protesta ante el chasqueo impaciente de los dedos del fiscal estadunidense.
En legislaciones locales, en trabajos académicos, ya se llama fiscales a los funcionarios que asumen la parte acusadora en los procesos penales, a pesar de que nuestra Constitución sigue correctamente denominando Ministerio Público a la institución encargada de investigar y perseguir los delitos, y procurador de justicia a quien la encabeza.
Afortunadamente algunas voces reconocidas han señalado el atropello, con acierto, pero sin mucho eco ante la avalancha que enfrentan. Menciono, entre otros, a los juristas Jesús Zamora Pierce, Raúl Carrancá y Rivas, Ricardo Franco Guzmán.
Por supuesto, no se trata de defender lo que está mal en la procuración y en la administración de justicia. Hay muchas cosas que deben corregirse, pero debemos hacerlo nosotros, sin que las reformas o ajustes se nos impongan desde fuera, modificando las leyes que lo requieran, pero no tirándolas a la basura para empezar de cero.
En mi opinión, nuestra legislación tradicional, el sistema acusatorio adoptado en la Carta Magna por iniciativa de Carranza desde 1917, contiene mecanismos eficaces para las necesidades de seguridad y justicia. Tiene el sistema nuestro, entre otras grandes ventajas, claridad y precisión en la terminología, equilibrio y sensatez. Lo que requerimos cambiar es el ambiente de corrupción y desorden que hay por varias causas, entre ellas las excesivas cargas de trabajo y la permisividad en los mandos.
Necesitamos, en lugar de cambiar leyes, atender a los servidores públicos con una remuneración justa, con seguridad en su carrera y capacitación profesional; con esto y escogiendo a quienes tengan vocación de servicio, que son más de los que nos imaginamos, estaremos en camino de resolver el problema de la justicia. La solución va por ahí: buen ejemplo arriba, capacitación y reconocimiento a los servidores públicos, respeto a la ley y fortalecimiento de la soberanía. De ninguna manera en la imitación irracional de procedimientos extraños, que deslumbran a algunos por novedosos y exóticos, pero nos ponen a la sombra de un poder ajeno.
