Senadores del PRD demandaron a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, un informe detallado sobre los resultados del Proyecto Diamante que se realiza con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues requieren saber si la destitución de 462 elementos de esa procuraduría tiene nexos con el referido convenio.

El perredista Rubén Velázquez recalcó que se trata de uno de los 26 proyectos de la Iniciativa Mérida encaminados a hacer más eficiente la cooperación entre México y Estados Unidos en el combate al crimen organizado trasnacional.

El Proyecto Diamente se desarrolla en el contexto del proceso de capacitación y depuración del personal de la PGR, que se inició tras el arribo de Morales a la dependencia, dijo.

En nombre de su bancada, el legislador detalló que el 7 de febrero iniciaron las Jornadas de Capacitación Proyecto Diamante para consolidar un sistema uniforme de criterios que maximicen las capacidades del personal de la Policía Federal (PF), peritos y ministerios públicos federales.

Según la PGR, el proyecto se centra en la impartición de un curso de 320 horas en las 32 delegaciones del país.

Sin embargo, recalcó que de abril a julio de 2011, 462 personas fueron destituidas según datos de la PGR. Se desconocen las causas de las remociones.

En noviembre de 2011, la titular de la PGR señaló en una comparecencia en la Cámara de Diputados que de enero a agosto de 2011 se separó del cargo a 22 delegados estatales, 17 más causaron baja, en una primera fase.

Respecto de la PF, Morales señaló que en la primera etapa se recibieron 47 renuncias y se dieron 45 separaciones y 95 remociones. En la segunda, se interpusieron 290 quejas por el órgano de instrucción, por lo que se preveía rotar a mil 790 agentes federales de investigación.

Velázquez recalcó que por ello es necesario que la PGR informe al Senado sobre los objetivos, cobertura y alcance del proyecto, así como del presupuesto usado, las dependencias que participarán, los compromisos asumidos y los resultados de la evaluación y depuración de los servidores federales que han sido separados, removidos o inhabilitados. Asimismo, sobre los procesos penales y administrativos iniciados y concluidos, en torno a responsabilidades de personal de la PGR, monto de lo erogado por concepto de despidos injustificados y compromisos de homologación de los sistemas jurídicos y penales de ambos países, para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada.