er defensora de derechos humanos en México es una actividad que implica enormes riesgos. La investigación Defensoras de derechos humanos en México, diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo señala que en los últimos años las agresiones y los ataques contra ese sector han aumentado en todo el país. Entidades como Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas y Guerrero presentan situaciones graves, que van desde la amenaza hasta el asesinato. Ser defensora no implica necesariamente que defienda derechos de las mujeres ni que realice su trabajo con una perspectiva de género.
Las mujeres consultadas para el diagnóstico trabajan en la defensa y promoción de una amplia gama de derechos humanos y de grupos de población, pero debe destacarse que el estudio ubicó una incidencia mayor de casos entre quienes trabajan en temas como el feminicidio, dirigen o trabajan en centros de refugio para mujeres víctimas de violencia, o denuncian violaciones a derechos humanos por parte del Ejército, de empresas trasnacionales o de sus empleadores. También aquellas que defienden la autonomía reproductiva o apoyan a las familias de personas detenidas, perseguidas y desaparecidas por motivos políticos, sin dejar de mencionar a las defensoras indígenas y las que defienden los derechos de los grupos de la diversidad sexual. Es decir, se observa que hay mayor número de agresiones hacia las defensoras que trabajan en temas que cuestionan las relaciones de poder y dominación de los hombres sobre las mujeres, o que buscan romper con paradigmas conservadores acerca de los roles de género tradicionalmente aceptados.
Ser defensora en México es tanto un riesgo como una acción de empoderamiento y ciudadanía que de-safía la estructura de desigualdad y discriminación que existe en nuestra sociedad. En algunos contextos reconocerse como tal puede contribuir a que no se den actos de corrupción o impunidad, y a protegerlas frente a algunos agresores. En otros casos las coloca en mayor peligro, porque las visibiliza frente autoridades coludidas con intereses particulares o porque los poderes fácticos han usurpado las funciones del Estado.
De las defensoras que participaron en el diagnóstico, 18 por ciento trabaja de manera independiente y el resto lo hacen en organizaciones civiles. El 58 por ciento realiza una labor con incidencia y articulación nacional, y 34 por ciento con proyección internacional. Del 68 por ciento de las defensoras consultadas que trabajan de manera prioritaria y específica en derechos humanos de las mujeres, 44 por ciento defiende y promueve garantías fundamentales de las mujeres en general, 38 por ciento el derecho a una vida libre de violencia, 30 por ciento derechos sexuales y reproductivos, 15 por ciento atiende aspectos de salud femenina y 15 por ciento casos concretos.
Un dato igualmente significativo es que de las mujeres consultadas para este estudio 36 por ciento son jóvenes adultas. En el resto se encontraron amplios rangos de edad, lo que también demuestra gran diversidad generacional. En el diagnóstico se reconoce que el trabajo que realizan es muy demandante de atención y tiempo, lo cual a veces implica alterar horas de comida, de sueño y descanso. Aunque 62 por ciento señaló que su salud es buena en general, el estrés fue el padecimiento más mencionado, seguido por el malestar emocional.
La mayoría de ellas realiza su labor en condiciones precarias, lo que limita su actuar, daña su salud, limita la posibilidad de continuar los proyectos en los que se involucran y de sus organizaciones, además de incrementar los riesgos a los que pueden estar expuestas. Sólo 20 por ciento de las participantes en el diagnóstico consideran que cuentan con recursos suficientes para dar respuesta a la demanda de trabajo que tienen y a las actividades programadas. Para muchas la poca remuneración o la falta de personal hace que la mayor parte de su trabajo sea voluntario. Algunas señalaron que debido a la precariedad en la que se encuentran las personas con las que trabajan, ellas mismas terminan por aportar de sus propios ingresos.
Más de la mitad de las participantes no cuenta con seguridad social, lo que podría agravar su situación económica en caso de enfermedad. Entre los obstáculos que ubican para realizar su labor están la inseguridad e impunidad que se vive en el país; la presencia de poderes fácticos, como los grupos conservadores; el crimen organizado; los medios de comunicación y las empresas, entre otros, que limitan o violan los derechos humanos.
Sobre el tipo de peligros que enfrentan, el documento concluye que sí hay formas de violencia que tienen que ver con su condición de género, ya sea por el hecho de ser mujeres, de trabajar en derechos de las mujeres o porque debido a sus condiciones sociales de discriminación, una violación de derechos humanos las afecta de manera desproporcionada y negativa en relación con los hombres. Entre las agresiones que mencionaron están la violencia sexual, la discriminación, el desprestigio y las amenazas contra sus familiares.
Para garantizar y salvaguardar su derecho a defender derechos humanos es necesario que se mejoren las medidas de seguridad, la articulación y coordinación social, y el reconocimiento y visibilidad de su labor. Es también menester exigir y fortalecer el Estado democrático y de derecho para que cumpla con sus obligaciones de garantizar la integridad de las y los defensores.
