Madrid, 8 de febrero. El caso contra el juez Baltasar Garzón quedó visto para sentencia. En su derecho a ejercer el turno de la última palabra, el magistrado, acusado de prevaricación por investigar violaciones a los derechos humanos durante el franquismo, aseguró: sólo puedo decir que mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creí ajustadas a derecho para investigar, perseguir y sancionar a quien correspondiera, por crímenes masivos de desaparición forzada de personas y detenciones ilegales. Creo que esto se le debe a las víctimas para que no se produzca el olvido.

Con las palabras de Garzón se cerró uno de los procesos más polémicos y de más interés en todo el país, al tratarse de un caso que profundiza en la herida de la Guerra Civil (1936-1939), la represión del régimen fascista de Francisco Franco (1939-1975) y la pasividad de la justicia española para responder a las peticiones de familiares de las víctimas.

Garzón, el único juez que investigó e intentó poner algo de luz sobre el paradero de los miles de enterrados en fosas comunes o de los niños robados a sus madres por su ideología, se sentó en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de prevaricación y de ser encontrado culpable podría ser condenado a 20 años de inhabilitación y a una multa millonaria.

El magistrado fue acusado por el sindicato ultraderechista, Manos Limpias, vinculado a sectores franquistas.

Después de escuchar durante cuatro días testimonios de víctimas y de familiares que hasta la fecha siguen luchando por sepultar dignamente a su padre, abuelo o hermano fusilados, tocó el turno de hablar a Garzón y a sus abogados.

Los siete magistrados que integran la sala del Tribunal Supremo escucharon de nuevo lo que Garzón ya había afirmado en su primera comparecencia: que en su actuación no hubo prevaricación y siempre actuó acorde a la ley. Mi conciencia está tranquila. Añadió que su investigación pretendió dar protección a las víctimas frente a hechos delictivos, lo cual se puede compartir o discrepar, pero creo que es defendible.

El abogado del sindicato ultra, Joaquín Ruiz Infante, centró su intervención en ratificar su petición de 20 años de inhabilitación con el argumento de que Garzón no investigó también cientos de ejecuciones perpetradas por republicanos en Paracuellos del Jaramá, en noviembre de 1936. A esto, el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, respondió: las víctimas de Paracuellos fueron identificadas, honradas, se les reparó en la media de lo posible, aunque no hay reparación para una muerte, pero fueron indemnizadas. Aquí ocurre exactamente lo contrario. No se sostiene desde el punto de vista jurídico.

Baltasar Garzón ayer, en el último día del juicio que enfrenta por el delito de prevaricaciónFoto Ap

Para el abogado de Garzón, los cónyuges, los hijos, siguen sufriendo una tortura al no saber qué pasó a sus familiares y dónde están los restos.

El fiscal Luis Navajas aseguró que Garzón dictó resoluciones incorrectas y equivocadas pero que eran corregibles por la vía de los recursos, no de una querella por prevaricación. Y añadió que un fallo condenatorio tendría un efecto devastador y atentaría contra la independencia judicial.

El caso está visto para sentencia y ahora sólo queda esperar la conclusión de los siete magistrados españoles. El ponente de la sentencia será el magistrado Andrés Martínez Arrieta, quien deberá contar con la aceptación mayoritaria de los jueces Carlos Granados (que preside la vista), Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.

A mi juicio, una sentencia condenatoria tendría un efecto devastador, afirmó el fiscal Luis Navajas, al considerar que equivaldría a atentar contra el principio de la independencia del Poder Judicial y haría temer a otros jueces acciones similares por no seguir la corriente general.

Es lamentable que el juez Garzón pueda ser castigado por haber abierto una investigación en línea con las obligaciones de España de investigar violaciones de derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional”, dijeron la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, y los cinco expertos independientes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Los supuestos errores en decisiones judiciales no deben ser motivo para la remoción de un juez y, menos aún, para el inicio de un proceso penal, observó la relatora especial. La autonomía en la interpretación de la ley es un elemento fundamental en el rol de un juez y en el avance de los derechos humanos, subrayó. Ningún juez debe tener temor a ser independiente en sus funciones, señaló Knaul.