Los fiscales federales antidrogas desconocen el paradero del testigo colaborador de la Procuraduría General de la República (PGR) identificado con el sobrenombre de Zajed, cuyas declaraciones llevaron a prisión en 2010 al ex presidente municipal de Cancún, Gregorio Sánchez, y un año antes a 35 funcionarios públicos del estado de Michoacán, entre ellos 12 alcaldes de diversos partidos políticos, revelaron fuentes del Poder Judicial Federal a La Jornada.

El testigo colaborador estaba citado a declarar el pasado 12 de enero en el juzgado primero de distrito de procesos penales federales de Toluca, estado de México, pero la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) reportó por escrito al titular de ese juzgado que era imposible presentarlo porque estaba desaparecido.

“Me permito informar a su señoría que sin previo aviso el testigo especial Zajed abandonó, desde el pasado 29 de noviembre, el sistema de resguardo de testigos protegidos”, se lee en el oficio dirigido al juzgado por el director general adjunto de Custodia, Seguridad y Tecnología de la Información de la SIEDO, Víctor Hernández Trujillo.

La diligencia estaba programada dentro de los juicios contra Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, uno de los presuntos operadores más importantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, de acuerdo con las fuentes consultadas.

La mayoría de las indagatorias que realiza la SIEDO están sustentadas, fundamentalmente, en los dichos de este tipo de testigos.

El caso más reciente que se hizo público fue el de la indagatoria que inició la PGR en contra de Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ex gobernadores de Tamaulipas, por acusaciones de expropiar inmuebles y venderlos a presuntos prestanombres, quienes habrían construido fraccionamientos –que dieron altas ganancias– con dinero de Los Zetas y del cártel del Golfo. Las imputaciones contra los priístas derivan de denuncias anónimas, de afectados y de un testigo protegido identificado como Pitufo, un ex integrante de Los Zetas que declaró durante un juicio que su banda gozaba de la protección de los gobiernos tamaulipecos.

La desaparición de un llamado testigo protegido no es algo nuevo en México.

En su edición del 13 de diciembre de 2009, La Jornada publicó que una investigación hecha durante años por la magistrada federal Lilia Mónica López Benítez documenta que al menos 80 por ciento de los más de 100 testigos protegidos que la PGR tenía bajo custodia en 2002 no pudieron sostener sus testimonios ante autoridades judiciales, ya que abandonaron el sistema de colaboradores del Ministerio Público y aún se desconoce su paradero o debido a que fueron asesinados.

Otro caso muy sonado relacionado con la desaparición de otro testigo de la PGR ocurrió en 2010.

Se trata del caso de Emilio, quien también abandonó ese programa sin dar aviso a los fiscales federales. Con su testimonio, Emilio permitió que la PGR obtuviera las aprehensiones de varios ex funcionarios de la SIEDO, entre ellos el ex titular de esa instancia, Noe Ramírez Mandujano, en un caso que se conoció como Operación limpieza.

De 1997 a 2010, la PGR ha pagado más de 128 millones de pesos en manutención de testigos protegidos.

Del total erogado, 60 millones de pesos se utilizaron durante los primeros cuatro años de gobierno de Felipe Calderón, según consta en datos obtenidos por este diario mediante una solicitud de información pública.