El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Transparencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para que todos los partidos políticos sean sujetos obligados, directos o indirectos, a proporcionar información de sus gastos.

La propuesta del citado partido –antes Convergencia– señala que los institutos políticos tienen derecho a recibir recursos provenientes de los impuestos. En el artículo 41 constitucional se enuncian las bases que rigen la distribución del financiamiento estatal a los partidos, mientras el artículo 36, fracción c, del Cofipe señala como uno de los derechos de estas instituciones el acceso a prerrogativas y a recibir financiamiento público.

Sin embargo, refiere la argumentación de la diputada Laura Arizmendi, en el país crece la insatisfacción por los elevados costos de la democracia. Una de las consecuencias más preocupantes de esa tendencia es la caída en la participación política, misma que termina por restar legitimidad a partidos y procesos electorales. 

El escaso nivel de confianza de los ciudadanos hacia los partidos políticos se explica por la opacidad que existe en torno al uso de los fondos que reciben. En el caso mexicano, en un periodo de 15 años, entre 1997 y 2011 la cifra de los recursos entregados por el IFE a los partidos llegó a más de 40 mil millones de pesos por concepto de sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para gastos de campaña y por actividades específicas.

La reforma político-electoral de 1996 delineó la asignación y fiscalización de recursos públicos a los partidos. Los artículos 41 a 45 del Cofipe señalan el deber de éstos de rendir cuentas a la sociedad, mediante sus páginas electrónicas y a solicitud expresa de los ciudadanos.

Dichos artículos están estrechamente ligados a la reforma electoral de 2007-2008. A partir de esa regla, la estructura, la organización administrativa, los sueldos, el esquema de financiamiento, los documentos y la plataforma política de los partidos tendrían que estar disponibles para la consulta de cualquier interesado. Con estas medidas se convertía a los partidos en sujetos obligados. 

Sin embargo, se obvió dejarlo así asentado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De ahí que la reforma que proponemos, orientada a subsanar la omisión señalada, constituya un avance para robustecer nuestro marco legal y siente las bases de un rediseño institucional y cultural respecto de las obligaciones de los partidos hacia los ciudadanos.

De tal forma, la propuesta de Movimiento Ciudadano señala la necesidad de reformar el artículo tercero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para quedar como sigue: Son sujetos obligados (a rendir cuentas), el Poder Ejecutivo federal, la administración pública federal y la Procuraduría General de la República; el Poder Legislativo federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos; el Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal; los órganos constitucionales autónomos; los tribunales administrativos federales; los partidos políticos, y cualquier otro órgano federal.