San Salvador Atenco, Méx., 4 de febrero. Participantes del segundo Encuentro Nacional de Desplazados acordaron exigir al gobierno federal crear una ley de amnistía para todos los presos políticos del país.

Durante el segundo y último día de discusión, los ponentes también exigieron a los gobernadores de Oaxaca y Chiapas, Gabino Cué y Juan Sabines, respectivamente, frenar la persecución contra los líderes y las organizaciones que luchan por evitar el desplazamiento forzado de pobladores de San Juan Copala.

Reunidos en la casa ejidal de San Salvador Atenco, este sábado concluyó la reunión, moderada por estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Autónoma Chapingo (UACh), acto en el cual participaron organizaciones de Puebla, México, Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal.

Cristóbal Martínez y Griselda Victoria del Movimiento Campesino Regional Independiente de Chiapas y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, denunciaron que hay 26 presos de conciencia en el sureste mexicano.

Exigieron la liberación de sus líderes Francisco Jiménez Pablo y Eric Bautista Gómez, a quienes encarceló el gobierno de Juan Sabines por sumarse a la causa de las más de 700 familias desplazadas del ejido Los Guayabos, en Comalapa y en San Cristóbal de las Casas.

Bartolomé Melchi Santiago, de la Unión Campesina Independiente (UCI) de Puebla, demandó la liberación de nueve compañeros, siete de los cuales llevan presos más de 14 años.

Por su parte, Víctor Castillo, del municipio autónomo de San Juan Copala, aseguró que pese a existir una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida en 2010, aún siguen presos dos compañeros y otros dos se encuentran prófugos porque hay orden de arresto en su contra.

Durante la mesa de discusión, los líderes de UCI y de Copala lamentaron que en Puebla y Oaxaca puedan más los grupos paramilitares que los gobiernos de coalición, porque la represión a los desplazados continúa.

Luego de más de seis horas de discusión los participantes en el foro acordaron, entre otras propuestas: la conformación de las comisiones de derechos humanos y defensa jurídica, enlace político, propaganda y prensa y seguimiento de casos.

De igual manera, darán a conocer un pronunciamiento por todos los desplazados del país. El 10 de marzo una comisión visitará Puebla y el 10 de abril realizarán una marcha nacional en la ciudad de México.