El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos contra el servidor público que facilitó –para su divulgación– la averiguación previa abierta contra los ex gobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.

El representante jurídico del organismo político, Raúl Cervantes Andrade, definió la filtración de los documentos de la causa como un evidente gesto de guerra sucia.

“Se trata –expresó en conferencia de prensa– de un delito contra la administración de la justicia y ante cuya denuncia se espera una investigación pronta.”

El responsable puede ser un agente del Ministerio Público o algún otro servidor de la PGR, pues ahí existen controles de confianza y de ingreso y egreso de las personas a los edificios, y sobre todo existen restricciones para acceder a esos documentos.

Sería el colmo que nos dijeran que no lo tienen; graban a las personas que entran, (llevan) el control de los expedientes, de las pesquisas, subrayó Raúl Cervantes.

Asimismo, y en referencia puntual a Cavazos Lerma, precandidato a senador, dijo que se le sugirió ejercer sus derechos de defensa para saber exactamente el contenido de la causa abierta en su contra. Y añadió: en un ejercicio democrático nadie debe, por filtraciones o imputaciones falsas, ser afectado en su derecho político y humano de ser votado,

Para respaldar su denuncia, el PRI se acogió al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales y al 13 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, según los cuales comete un delito el servidor público que facilite a un tercero el acceso a una averiguación previa.

Dicha prerrogativa corresponde sólo al inculpado y a su defensor, a partir de la protección de los datos personales de aquél, así como de la presunción de inocencia.

Aún más, apuntó Cervantes: limitar el acceso una averiguación previa tiene que ver también con la efectividad de la investigación y por ello las restricciones para su difusión implican una protección al Estado mexicano, a los gobernados y al cumplimiento del estado de derecho. No es un tema menor, expresó.

Enseguida aludió a las recientes medidas adoptadas por el PRI para blindarse contra la penetración –tanto en campañas como con sus candidatos– del crimen organizado, y porque queremos cuidar que las elecciones se apeguen a derecho.

Pero, resaltó, cuando empiezas a utilizar la procuración de justicia, (la) filtración de información privilegiada... sólo se abona a la inseguridad y no a la certeza buscada por los ciudadanos, los partidos políticos ni al logro de una democracia representativa.

Próximo el inicio de las campañas, dijo Cervantes, si no se cumplen las normas con pulcritud y a cambio se filtra, se golpea, se denuesta; eso no ayudará en nada al proceso.