Decenas de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos repudiaron el atentado contra Norma Andrade, fundadora de la agrupación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y reprocharon a las autoridades que hayan sido omisas en proteger a la activista, sobre todo porque las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos habían solicitado medidas cautelares para protegerla.

El ataque de ayer con arma punzocortante ha sido el segundo atentado que Andrade sufre en los últimos dos meses. Se encontraba en la ciudad de México tras ser baleada el pasado 2 de diciembre en Ciudad Juárez.

Este es un caso que provoca rabia e impotencia porque es un ensañamiento contra una mujer que lo único que busca desde hace 10 años es justicia por el asesinato de su hija Lilia Alejandra García Andrade, aseveraron las ONG.

Amnistía Internacional (AI) y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalaron que la vida de Andrade está en peligro, e instaron a las autoridades federales a desarrollar investigaciones serias, expeditas y diligentes sobre estos hechos como medida eficaz para prevenir los riesgos y disuadir las agresiones que padecen los defensores de derechos humanos en el país.

La CNDH informó del inicio de una queja por el atentado de ayer contra Andrade. Visitadores adjuntos se presentaron en el hospital donde la activista fue internada para su atención.

Indicó que también solicitó medidas cautelares a la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de la víctima y evitar que sufra un nuevo ataque.

Recordó que tras la agresión del 2 de diciembre, el ombudsman había pedido la misma protección al gobierno de Chihuahua.

La CNDH hizo un llamado a erradicar la impunidad y emprender acciones contundentes que garanticen las condiciones de seguridad y prevención para que el trabajo de los defensores de derechos humanos no se realice bajo amenaza.

El informe de actividades que entregó ayer el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, aborda el tema y resalta que en 2011 se recibieron 59 quejas por agravios contra activistas, lo que representa un incremento de 23 por ciento respecto del año anterior.

Estamos aterradas. Es inconcebible que sigan ocurriendo agresiones como la que sufrió Norma nuevamente, y mientras el gobierno se sigue presentando en foros internacionales para decir que aquí existe el estado de derecho, señaló Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir.

La agresión también pone en evidencia la ausencia de mecanismos efectivos de protección para los defensores de derechos humanos que garanticen su seguridad, señalaron Católicas, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Nuestras Hijas de Regreso a Casa y decenas de organismos de varios estados de la República.

Igualmente increíble resulta que a pesar de las denuncias y de años de lucha en busca de justicia prevalezca la impunidad en los asesinatos de mujeres y en las amenazas y agresiones que viven las familias que se atreven a exigir castigo para los responsables, agregaron.

Es un hecho, afirmó Mejía, que el control del Estado sobre la seguridad de la ciudadanía está totalmente rebasado.

Andrade recibió en diciembre cinco balazos, a los cuales sobrevivió con sobresaltos porque hasta el hospital llegaron amenazas de muerte para quienes la atendían. La activista fue trasladada a un hotel y luego, por seguridad, salió del estado junto con su familia.

Se resguardó en la ciudad de México, en un domicilio cuya ubicación sólo conocían autoridades federales y de Chihuahua.

Por eso, el nuevo ataque parece ser parte de una campaña contra Andrade, advirtió AI.

El organismo internacional recordó que desde 2002 la activista, su familia y el resto de integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa han recibido numerosas amenazas. El 30 de septiembre de 2011 presentaron una denuncia formal ante las autoridades federales luego de haber recibido una llamada telefónica también amenazante. A los pocos días, llegó un nuevo mensaje donde se advertía a Norma Andrade y su familia que disponían de 12 horas para abandonar la ciudad o serían asesinadas.

AI también recordó que desde 2008 la CIDH solicitó medidas de protección para cuatro integrantes de la organización civil.

Organizaciones nacionales demandaron a las autoridades que informen sobre los avances en la investigación del primer ataque contra Andrade.

Exigieron que se investigue este nuevo atentado, y al gobierno de Chihuahua que garantice la protección de la integridad física de Norma y su familia.