l mal manejo que ha padecido Petróleos Mexicanos (Pemex) durante las recientes administraciones federales se refleja en la configuración de una circunstancia sumamente contradictoria: a pesar de que la paraestatal se ha consolidado en años recientes como una de las empresas más rentables del mundo en el ramo de los hidrocarburos –con un costo de producción de 5.22 dólares por barril de crudo, y un precio de venta que actualmente supera los 100 dólares por barril–, también es una de las más endeudadas. La actual dirigencia, por su parte, ha hecho un aporte fundamental a esta situación: mientras que a principios de 2006 la deuda de Pemex era de 46 mil 100 millones de dólares, al finalizar 2012 ésta se habrá incrementado a 59 mil 900 millones, lo que implica un crecimiento de 30 por ciento.
No escapará al entendimiento ecuánime que incluso las empresas petroleras más exitosas se ven, en determinadas circunstancias, en la necesidad de contratar deuda para capitalizarse, para financiar proyectos de infraestructura, de investigación y desarrollo tecnológico, para incrementar sus capacidades de producción o su personal, o incluso para restructurar débitos con mejores condiciones de pago. Sin embargo, en el caso de Pemex el referido crecimiento de la deuda en nada ha ayudado a evitar el visible deterioro que la paraestatal acusa en los terrenos financiero, tecnológico y operativo, ni ha impedido que las autoridades nacionales entreguen a empresas particulares, a contrapelo del mandato constitucional, algunas de las tareas fundamentales de la compañía –como la exploración y explotación de ciertos yacimientos– con el argumento de que no se cuenta con los recursos y capacidad necesarios para su desarrollo.
Por añadidura, el citado endeudamiento se ha dado a pesar de que, en el periodo de referencia, las cotizaciones internacionales de crudo han sido sustancialmente altas, situación que debió haber redituado a Pemex ganancias suficientes para llevar a cabo sus actividades sin necesidad de endeudarse tanto. Pero incluso sin considerar los ingresos extraordinarios de la paraestatal por concepto de excedentes petroleros –que en el sexenio calderonista han sido dilapidados en forma tanto o más opaca que durante el foxismo–, el país ha dispuesto en todo este tiempo de recursos suficientes para poder apalancar el desarrollo de la industria petrolera nacional, como queda de manifiesto con el nivel histórico de reservas internacionales del Banco de México, que sólo son utilizadas para satisfacer la voracidad de especuladores.
No hay, pues, mucho margen de maniobra para explicar, y mucho menos para justificar, el endeudamiento a que se ha sometido Pemex en la reciente administración. En el mejor de los escenarios, el alza de los créditos contratados se explicaría como una medida sin otro sentido que compensar las deficiencias de la administración pública –la de la paraestatal y la general–, su opacidad proverbial, sus cargas de burocratismo, corrupción y frivolidad. En el peor, esa política de endeudamiento no puede sino ser vista como un componente más del designio gubernamental por llevar a la compañía a la insolvencia financiera y desvirtuar, de esa manera, el régimen jurídico de Pemex y su condición de empresa nacional.
En todo caso, la situación paradójica de que una de las empresas más rentables del mundo sea también una de las más endeudadas tendría que ser una razón suficiente para emprender, con urgencia, una moralización a fondo de las oficinas públicas, una política de austeridad que, por hoy, sólo existe como buen propósito, y una reforma administrativa que ponga punto final a los cotos de poder personal, a la ineficiencia y a la extrema discrecionalidad con la que operan los altos funcionarios públicos, entre ellos los que manejan Pemex. De otra forma, el grupo en el poder se expone a reactivar la intensa movilización política y social que detuvo, hace cuatro años, el intento abiertamente privatizador de la paraestatal, y a sumar un factor adicional de encono y conflicto en un contexto sobrado de ellos.
