La asamblea de comuneros ikojts (huaves) de San Dionisio del Mar, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, desconoció y revocó el contrato de usufructo de mil 643 hectáreas de uso común celebrado con la empresa eólica Preneal el 8 de noviembre de 2004, para la construcción del parque eólico San Dionisio, en la barra Santa Teresa, porque no se informó a los comuneros del alcance y significado del mismo en su territorio, con lo cual se violó nuestro derecho como pueblo indígena a la información oportuna, amplia, suficiente y adecuada.

Revocó igualmente todos y cada uno de aquellos contratos o convenios suscritos con dicha empresa u otras empresas nacionales y trasnacionales con posterioridad, que afecten la propiedad, posesión y disfrute de nuestro territorio, en especial aquellos destinados a la implementación del proyecto eólico.

La asamblea, realizada el domingo 29, acordó ocupar pacíficamente, desde esa fecha, el palacio municipal de San Dioniso del Mar para exigir al gobierno estatal la destitución del presidente municipal, Miguel López Castellano, por no representar y defender los intereses de su pueblo y por estar coludido con la empresa al tratar de imponer el proyecto eólico en nuestro territorio por encima del poder soberano de nuestro pueblo.

Se buscó, infructuosamente, hablar con el representante legal de las empresas Energía Alterna Istmeña y Energía Eólica Mareña, Sergio Garza Wollenstein, quien tramita los asuntos relacionados con dicho parque en el Distrito Federal.

El Parque Eólico San Dionisio (PESD) es parte del proyecto para la generación de 396 megavatios mediante la fuerza del viento, que la transnacional española Preneal vendió el año pasado al grupo Fomento Económico Mexicano (FEMSA) asociado con los Fondos Macquarie de capital australiano, por 89 millones de dólares y para cuya construcción el Banco Interamericano de Desarrollo autorizó un préstamo de mil 100 millones de pesos (La Jornada, 17 y 24/1/12).

En un comunicado, la asamblea comunal informó que se autorizó al órgano de representación para interponer los recursos legales necesarios con la finalidad de defender el territorio ikojts, para cancelar y anular de manera total y absoluta cualquier tipo de convenio o contrato que se haya firmado con violación al derecho a la consulta previa, libre e informada.

Subrayó que hubo una asamblea viciada el 7 de noviembre de 2004, en la que la empresa eólica omitió información, lo cual representa un intento doloso y de la mala fe de obtener un alto beneficio económico aprovechándose de nuestro desconocimiento de las leyes nacionales e internacionales que nos protegen como pueblo indígena y que protege nuestro territorio.