El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, aseguró que la información difundida sobre la presunta alerta migratoria relacionada con tres ex gobernadores priístas de Tamaulipas se trató solamente de un error de un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ya fue cesado por extralimitarse en sus funciones. En rueda de prensa, pese a la insistencia en los cuestionamientos sobre el uso político de la procuración de justicia, evadió cualquier alusión al tema.

–Dice usted que fue un error, pero hay antecedentes como el caso del llamado michoacanazo, o el de Greg Sánchez, donde se presume que se ha utilizado la procuración de justicia con fines políticos. ¿Hay garantías de que en esta ocasión no suceda así?

–Por supuesto que el objetivo de las actuaciones del Ministerio Público de la Federación es dar certidumbre, es apegarse a la legalidad. Estamos en un esquema de división de poderes y de transparencia y de rendición de cuentas, que garantiza que ese será el resultado de las actuaciones del Ministerio Público. Ya se ha aclarado qué es lo que ocurrió respecto de la alerta migratoria, que no debió darse, y de una indagatoria derivada de una averiguación previa.

–¿No hay tinte electoral en esto, porque este tipo de casos siempre se dan en la antesala de un proceso electoral?

–El Ministerio Público de la Federación tiene la obligación conforme a los datos que se le presenten... No puedo hacer ningún comentario adicional respecto de la investigación que está en curso.

Horas después, en la versión oficial de la conferencia plasmada en un boletín, atribuía al secretario lo que evadió reiteradamente: Rechaza Gobernación uso político de la justicia, era el encabezado.

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, rechazó que se actúe con fines políticos en la aplicación de la justicia y ratificó que las instancias encargadas de la procuración de justicia del país actuarán hasta el extremo de sus facultades para llevar ante los juzgados casos sólidos en la materia y castigar a los responsables, reporta el boletín de la secretaría.

En la rueda de prensa para dar a conocer la agenda legislativa del gobierno federal, Poiré eludió responder las preguntas de si se reiteraba una práctica de utilización política de la procuración de justicia. Ya se ha señalado que a este funcionario que ha sido cesado no le correspondía hacer una alerta migratoria de ninguna naturaleza, que se extralimitó en sus funciones, derivado de una indagatoria que ha hecho la Procuraduría General de la República.

Al referirse al caso de los 25 millones de pesos que transportaban en efectivo funcionarios del gobierno de Veracruz y que les fueron retenidos, igualmente dijo que es un asunto que compete a la PGR, y es la que en su caso informaría sobre el rumbo de las indagatorias.