Saltillo, Coah., 31 de enero. Diecinueve pozos y minas de carbón fueron clausurados en 2011 a raíz de inspecciones extraordinarias realizadas de manera conjunta por las secretarías de Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El delegado de la STPS en Coahuila, Manuel de Jesús Hernández Rocha, informó que se practicaron 176 inspecciones en 107 centros de trabajo y se detectaron 941 violaciones directas, por lo cual se restringió el acceso a 34 desarrollos mineros y en 19 casos se suspendieron obras y trabajos.

Estas acciones, señaló en su reporte, contribuyen a la seguridad laboral de 2 mil 169 mineros en las zonas Centro, Carbonífera y Norte del estado.

Las inspecciones de seguridad e higiene laboral en la región Carbonífera de Coahuila se incrementaron desde mayo del 2011, a raíz de que 14 trabajadores perecieron a causa de una explosión en el pozo 3 de la compañía minera Beneficios Internacionales del Norte Sociedad Anónima (Binsa).

El IMSS se sumó a las revisiones tras comprobarse que los 14 obreros muertos en el pozo de Binsa, localizado en Sabinas, Coahuila, no tenían seguridad social y uno de ellos era un joven de 15 años que perdió un brazo.

El resultado de las revisiones se dio a conocer a dos semanas de que se cumplan seis años de la explosión y los derrumbes en la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila.

En el accidente, ocurrido el 19 de febrero del 2006 en la cantera concesionada a Grupo México y a su filial Industrial Minera México, perdieron la vida 65 obreros y 13 sufieron lesiones.

Seis años después permanecen atrapados en el filón 63 cadáveres, pues las brigadas de rescate suspendieron la búsqueda tras recuperar los restos de sólo dos obreros.

El 23 de junio del 2006 fue recuperado el cadáver de Felipe de Jesús Torres Reyna, de 49 años, y el 31 de diciembre del mismo año, cerca de la medianoche, los rescatistas encontraron el cuerpo de José Manuel Peña Saucedo. Ambos, según el reporte forense, fallecieron por asfixia, aplastados por toneladas de rocas, tierra y desechos de mineral.

Hernández Rocha anticipó que en 2012 se harán estudios para detectar enfermedades de trabajo y revisar la situación legal de prestadores de servicios, jornaleros agrícolas, minas subterráneas de carbón, empresas dedicadas a la construcción, tiendas de autoservicio y departamentales, agencias de colocación y plantas químicas.